Datos del Portal de Transparencia Fiscal del Ministerio de Hacienda, que divulga en su sitio web estos datos oficiosos, revelan que el Presupuesto General de la Nación 2019 programó $47.1 millones para pagar seguros de vida, de salud, inmuebles y bienes; además de comisiones de agentes de seguro y gastos bancarios del Estado.
A lo largo del año, sin embargo, se reasignaron $3.3 millones más al rubro 55 de Gastos Financieros, específicamente a la cuenta 556 de “Seguros, comisiones y gastos bancarios”, sumando $50.4 millones para el ejercicio fiscal de 2019. De estos, solo se ejecutaron $38 millones, un equivalente del 75.4 % de fondos disponibles.
El gasto total en seguros del Estado durante 2019 asciende a $38,082,618, es decir, una disminución de $7,241,533 respecto al registrado en 2018, cuando se reportaron $45,324,151 de fondos destinados al pago de este beneficio.
Aún con la disminución, este tipo de gastos sigue siendo una constante en el Estado a pesar de una sentencia de la Sala de lo Constitucional que, en 2017, advirtió el “desfinanciamiento del presupuesto general” por “cuantiosas cantidades de dinero para pagar seguros médio-hospitalarios” de funcionarios en el Ejecutivo, Legislativo, Judicial, autónomas y empresas públicas.
Solo las instituciones del Gobierno Central –ministerios, Órgano Legislativo, Judicial, Fiscalía General de la República, Corte de Cuentas, procuradurías y tribunales electorales y de ética– ejecutaron el 73.4 % del gasto en seguros y comisiones de todo el Estado, totalizando $27.9 millones.
En el Gobierno Central, el presupuesto programado al inicio era $34,487,792 para el rubro de seguros; el monto modificado llegó a $37,020,126 al cierre del 2019.
Mayor gasto en seguros
La institución con mayores erogaciones para la contratación de seguros y pago de comisiones bancarias fue el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, que de enero a diciembre de 2019 desembolsó $7,517,366.
La cartera de Justicia y Seguridad inició el año fiscal con $4,215,850 asignados para seguros; sin embargo, le fueron transferidos $5,938,832 en el transcurso del año, finalizando con $10,154,682 presupuestados para este rubro.
El Órgano Judicial en su conjunto, ocupa el segundo lugar con $6,833,499 ejecutados en todo el año, de un total de $9,686,854 para todo 2019.
El tercer lugar lo ocupa la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Anda), una empresa pública estatal, con un gasto de $4,166,290 en seguros.
Le siguen la Corte de Cuentas de la República (CCR), que erogó $3,493,855 para el pago de seguros a sus funcionarios, más comisiones bancarias; y el Ministerio de Hacienda con $2,121,561 ejecutados para el mismo fin.
La Fiscalía General de la República (FGR), además, ocupa el quinto lugar del listado con un gasto de $1,989,661 en seguros durante 2019, seguido por el Centro Nacional de Registros (CNR), que emitió $1,620,166 para el rubro.
El Órgano Legislativo, en tanto, tenía previsto gastar $775,049 en contratación de seguros y comisiones en 2019; pero ejecutó $9,709 menos, llegando a los $765,340 ejecutados al cierre del ejercicio fiscal. La Asamblea redujo su gasto en seguros de $6.9 millones en 2016 a $610,110 en 2017, apuntándose una reducción de más del 88.9 % en la última legislatura, la mayor en todo el Gobierno Central.
La tabla de ejecución del presupuesto 2019 excluye de sus datos a la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) y a la Comisión Hidroeléctrica del Río Lempa (Cel), se desconoce el motivo.
El presupuesto de ambas empresas públicas para el gasto en seguros asciende a $4,102,435 y $8,704,640, respectivamente. Estos fondos son pagados a partir de las utilidades generadas por la venta de servicios en aeropuertos y energía eléctrica.
