En marzo, la SSF publicó una evaluación actuarial del Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP), disponible en el portal del Ministerio de Hacienda. El documento contiene proyecciones a partir de enero de 2019, basadas en información financiera y demográfica recopilada hasta septiembre de 2018.
La evaluación toma en cuenta los cambios aplicados a la ley del SAP, luego de la reforma de 2017. Después de estas modificaciones, el Estado ahora debe pagar los beneficios que otorga el Sistema Público de Pensiones (SPP), compuesto por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y el Instituto Nacional de Pensiones de Empleados Públicos (INPEP).
También debe pagar una compensación a todos los cotizantes de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) por los aportes que durante su vida laboral hagan a la Cuenta de Garantía Solidaria (CGS), un fondo que coexiste con el que está en manos de las AFP, alimentado por las cotizaciones de los trabajadores del SAP, aportes de una parte de los jubilados y del Estado.
Se suma además el pago de los Certificados de Traspaso (CT), creados para los que cotizaron en el SPP pero que en la reforma de 1998 migraron a las AFP. Los CT les permite recibir los beneficios que habrían percibido si se hubieran quedado en el sistema público.
Todas estas obligaciones representarán para el Estado un déficit de $8,614.74 millones para los próximos 83 años, indicó el estudio de la SSF.
Obligaciones y deuda
En total, los gastos previsionales a cargo del Estado alcanzarían $8,617.18 millones, frente a $2.44 millones que se percibirían en ingresos por los aportes de los cotizantes que aún posee el SPP; lo que resulta en un déficit de $8,614.74 millones.
Antes de la reforma, las pensiones del SPP se financiaban con la emisión de Certificados de Inversión Previsional (CIP) A, instrumentos de deuda pública que las AFP están obligadas por ley a comprar con los ahorros de los trabajadores. Los CT se pagaban con la emisión de CIP B.
Con las modificaciones aplicadas en 2017, parte de esas obligaciones se pagan con una contribución del Estado a la CGS. La ley manda a que el Gobierno aporte el 1.7 % de sus ingresos corrientes netos del presupuesto en 2018 y 2019, para luego aumentar al 2.5 % a partir de 2020. Lo que no se logre cubrir saldría de la emisión de CIP.
Solo en 2019, la SSF estima que las pensiones del SPP, los CT y las compensaciones por aportes a la CGS costarán $533.65 millones.
“Dadas las magnitudes de los déficit anuales a cargo del Estado (...) y el límite máximo de la asignación presupuestaria del 2.5 % de los ingresos corrientes netos, será necesario seguir emitiendo CIP para financiar el pago de los compromisos del SPP”, indicó la fuente.
Hasta febrero, solo la deuda en CIP A acumuló un saldo de $ 5,001.8 millones, lo que representó el 18.9 % del Producto Interno Bruto (PIB), similar a la participación que las remesas familiares tienen en la economía.
Al déficit previsional propio del Estado se sumaría el de la CGS. La SSF asegura que este fondo solidario, creado con la reforma, será sostenible solo siete años más y a partir de 2026 necesitará apoyo estatal para pagar sus obligaciones. El estudio estima que en los próximos 100 años, el déficit de la CGS que deberá cubrir el Estado será $8,902.6 millones.
Sumando los ya mencionados $8,617.18 millones, el sistema previsional salvadoreño generaría un déficit $17,517.34 millones.
