Integridad, transparencia y probidad son términos que se usan mucho, pero se aplican poco. Lucen bonitos en los objetivos de algunas leyes, pero en la práctica, los mismos que las elaboran se encargan de confirmar que todo es letra muerta. La sociedad civil organizada hace sus propios esfuerzos. Impulsa jornadas en pro de la transparencia, trae “expertos” que nos vienen a decir lo que ya sabemos (somos uno de los países más sobre diagnosticados del mundo sobre cualquier tema). Por medio de voceros bastante calificados, las organizaciones privadas emiten pronunciamientos sobre las irregularidades que advierten. Algunos analistas hacen apreciaciones más o menos serias. Otros solo roban cámara, pero nada cambia, o si cambia, no es lo esperado.
Los escandalosos enriquecimientos ilícitos no paran. Los dineros de los contribuyentes, succionados vía sobresueldos mal habidos – por públicos y privados - no son devueltos. El aberrante nepotismo, compadrazgo, amiguismo y tráfico de influencias está a la vista de toditos, pero la sociedad parece adormecida, guardando un silencio cómplice. El ciudadano pasó de ser un ávido lector (era de los “baby boomer”) a ser un insaciable consumidor (era de la generación “Y” o millennials y de la generación “Z” o centennials). Casos de gran corrupción no son prevenidos a tiempo. La institucionalidad fiscal, auditora, de probidad y judicial evidencia opacidad, retroceso e indolencia. Para colmo, algunos medios terminan plegándose a la agenda del gobernante. La idea es no perturbarlo, no hacerle ruido, para asegurarse la pauta publicitaria.
Sin embargo, los mismos y reconocidos actores corruptos quieren ahora reconciliar por decreto a una sociedad, en cuyas entrañas se guardan rencores y odios, que le impiden voltear la página del pasado y caminar cohesionada hacia el futuro. Una sociedad que, al ver cómo la clase política le ha fallado, escoge un nuevo lazo para ahorcarse y caminar hacia el inminente autoritarismo, propio de “reyecitos de ocasión”, como califica este hecho, un periódico arrecho que mantiene una línea editorial independiente.
¿Qué es lo que hace falta para enderezar a nuestros países, inmersos en un perenne subdesarrollo? La respuesta podría encontrarse, conforme a mi limitada opinión, a la falta de importancia – y hasta desprecio - que los gobernantes muestran respecto a los principios y valores éticos de los que deberían estar empapadas sus actuaciones y que debería permear también en todos los niveles educativos, pero principalmente en nuestro gran tesoro, los niños, niñas y adolescentes, únicos que están en condiciones de ser rescatados, por tanto, de no ser contaminados con el mal ejemplo que a diario observan en sus mayores.
La corrupción no es simplemente el “abuso del poder público en provecho propio”, como le gusta definirla el Banco Mundial, sino la que desde el poder defrauda la confianza ciudadana, corroe el capital social de un país, mata la esperanza de la gente, debilita la democracia y cuela las hormigas para dejar pasar los elefantes. El avergonzante nepotismo dentro de la Asamblea Legislativa, al contratar la parentela de algunos “representantes del pueblo”, de todos los partidos, lo dice todo. Debería ser visto como un fuerte indicador de que en el resto de entidades públicas la podredumbre podría ser mucho peor.
Como lo señalan José Mario Rico y Luis Alas en su obra “La corrupción pública en América Latina”, esta ha viciado los sistemas políticos y hoy amenaza con desestabilizar las frágiles democracias del continente, provocando el desencanto ciudadano. La premonitoria reflexión de Ruy Barbosa (1849-1923) lo dice mejor: “De tanto ver triunfar nulidades, prosperar la deshonra, crecer la injusticia, agigantarse el poder en manos de los malos, el hombre llega a desanimarse de la virtud, a reírse de la honradez, a sentir vergüenza de ser honesto”.
Siendo que para un corrupto que madruga hay otro que no duerme, es válido preguntarse ¿Estamos perdiendo la batalla contra la corrupción?