José Miguel Arévalo, presidente CEJ


El presidente del Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), José Miguel Arévalo, cree que los funcionarios que cometen nepotismo deben ser inhabilitados a optar a cargos públicos durante 10 años. Dice que Ley del Servicio Público ayudaría a combatir el nepotismo y cree que muchos sindicatos muestran “resistencia” al proyecto de ley porque están desinformados.

 

¿Qué esperan del Tribunal de Ética Gubernamental por los procesos de nepotismo que abrió contra los diputados de la Asamblea Legislativa, teniendo en cuenta que el Tribunal, generalmente, absuelve o dice que las investigaciones no proceden?

El Tribunal de Ética Gubernamental estaría llamado a combatir el nepotismo pero su actuar siempre se queda abajo de la expectativa de los ciudadanos. El nepotismo socava las bases mismas de la democracia y del sistema republicano porque, ante una desconfianza de la población hacia sus autoridades y hacia un órgano tan importante y tan representativo como es la Asamblea Legislativa, es gravísimo para el Estado de Derecho. Estamos viendo en la Asamblea Legislativa una verdadera podredumbre, de corrupción, de nepotismo, abuso, y eso pasa factura.

 

¿Pasarán facturas en las elecciones 2021?

Definitivamente. Lo ha estado haciendo la población muy claramente en las elecciones y lo triste de esto es que le pasa factura también a esa convicción en el sistema republicano y en el Estado de Derecho porque la población pierde la confianza. Si los partidos no hacen algo totalmente distinto a lo que han hecho durante todas estas décadas, esa factura va a caer fuerte.



¿Cuál cree que es el mejor camino para combatir el nepotismo?

Lo que se necesita es que haya una sanción y la certeza que esa sanción será aplicada. Podemos aumentar las penas y las multas y llevarlas a niveles exorbitantes; pero, si no se aplica la ley, si las instituciones encargadas de llevar ante la justicia a estas personas no lo hacen o si el proceso no prospera, de nada sirve y ahí es donde está fallando el sistema en El Salvador.

 

¿Sería un buen correctivo la inhabilitación a los funcionarios?

Totalmente, tal como lo tenemos en el artículo 240 de la Constitución, en el caso del enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados públicos, que sean declarados culpables son inhabilitados por 10 años. Esa figura debería de replicarse para temas de nepotismo o la contratación abusiva de empleados públicos por intereses partidarios.

 

¿La Constitución y la Ley del Presupuesto General dan la facultad para que un presidente pueda contratar o nombrar a un hermano en una institución pública?

Tenemos una Ley de Ética Gubernamental, más reciente y específica en cuanto a la materia que señala, de forma general, la prohibición para contratar a familiares dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad. Hay aquí una pugna entre dos cuerpos normativos. El presidente del Tribunal de Ética Gubernamental ha adelantado su criterio cómo se resuelve. Este un tema que amerita discutirse, porque todo tipo de conflicto de interés no debe permitirse en ningún órgano del Estado.



¿Por qué cree que los sindicatos le temen a la Ley de la Función Pública?

La Ley de la Función Pública viene a combatir el nepotismo en el sentido que establece cuáles son los requisitos y parámetros para que solo los mejores puedan entrar a la función pública. La resistencia de los sindicatos a la ley es principalmente por la desinformación, porque se trata de confundir señalando que la Ley de la Función Pública va dejar sin empleo a un montón de empleados, lo cual no es cierto, porque ese no es el propósito de la ley.

 

Perfil

Presidente del Centro de Estudios Jurídicos (CEJ). Graduado de Ciencias Jurídicas de la Escuela Superior de Economía y Negocios. Graduado de la maestría en Diplomacia, impartida por el Instituto Especializado de Educación Superior para la Formación Diplomática (IEESFORD).