Un estudio elaborado por investigadores del Banco Central de Reserva (BCR) asegura que El Salvador no necesita un ajuste fiscal adicional al que ya aplicó, aunque reconoce que las finanzas públicas no marchan bien.

El estudio “Análisis del ajuste fiscal en El Salvador a partir del Ingreso Nacional Bruto Disponible (INBD)”, elaborado por César Alvarado y Kenny de Escobar, ambos del BCR, se basa en la diferencia entre el Producto Interno Bruto (PIB) y el INBD.

Los investigadores hicieron eco de la discusión sobre la conveniencia de utilizar el INBD para medir la sostenibilidad fiscal en países similares a El Salvador, con altos flujos de transferencias como las remesas familiares.

El INBD, a diferencia del PIB, reporta los ingresos obtenidos por la economía sin importar quién y dónde se generaron, mientras que el PIB se limita al territorio nacional.

Por eso, el PIB solo captura las remesas que utilizaron los salvadoreños para adquirir bienes y mercancías producidos dentro del territorio nacional, dejando fuera a los importados, explicó Escobar. Esto no sucede con el INBD, añadió.

Solo en 2018 se estima que el INBD registró $4,105 millones que no se contabilizaron en el PIB. Mientras el INBD habría sumado $29,802 millones, el PIB de ese año estaría en los $25,697 millones, una diferencia del 16 %.

 

El escenario fiscal a la luz del INBD

El estudio concluye que la deuda pública con pensiones representó en 2018 el 61.4 % del INBD. Si se expresa como proporción del PIB, el ratio asciende a 71.2 %.

Además, el balance primario (la diferencia entre los ingresos y gastos, pero sin incluir el pago de intereses de la deuda) se ubicó en 0.8 % del INBD, mientras el déficit fiscal fue de 2.3 %. Respecto al PIB, el balance primario reportó 0.9 % y el déficit fiscal cerró en 2.7 %.

El modelo aplicado por los investigadores concluye que 0.8 % del INBD es el balance primario necesario para estabilizar el ratio de la deuda en 61.4 % del INBD en el mediano y largo plazo.

Al ser estos valores -el balance primario y la deuda- iguales a los registrados en 2018, “a esta fecha puede decirse que no se necesita un ajuste fiscal adicional, pero eso no quiere decir que las finanzas públicas están bien”, indicó Alvarado, e instó a evitar déficit fiscales crecientes.

Consultados sobre el contraste entre los resultados del estudio y hechos como el impago de la deuda de pensiones o presupuestos públicos que requieren deuda para financiarse, los autores señalaron que estas “variables cualitativas” no se incluyeron en el modelo para medir la sostenibilidad fiscal.