El estudio “Análisis del ajuste fiscal en El Salvador a partir del Ingreso Nacional Bruto Disponible (INBD)”, elaborado por César Alvarado y Kenny de Escobar, ambos del BCR, se basa en la diferencia entre el Producto Interno Bruto (PIB) y el INBD.
Los investigadores hicieron eco de la discusión sobre la conveniencia de utilizar el INBD para medir la sostenibilidad fiscal en países similares a El Salvador, con altos flujos de transferencias como las remesas familiares.
El INBD, a diferencia del PIB, reporta los ingresos obtenidos por la economía sin importar quién y dónde se generaron, mientras que el PIB se limita al territorio nacional.
Por eso, el PIB solo captura las remesas que utilizaron los salvadoreños para adquirir bienes y mercancías producidos dentro del territorio nacional, dejando fuera a los importados, explicó Escobar. Esto no sucede con el INBD, añadió.
Solo en 2018 se estima que el INBD registró $4,105 millones que no se contabilizaron en el PIB. Mientras el INBD habría sumado $29,802 millones, el PIB de ese año estaría en los $25,697 millones, una diferencia del 16 %.
El escenario fiscal a la luz del INBD
El estudio concluye que la deuda pública con pensiones representó en 2018 el 61.4 % del INBD. Si se expresa como proporción del PIB, el ratio asciende a 71.2 %.
Además, el balance primario (la diferencia entre los ingresos y gastos, pero sin incluir el pago de intereses de la deuda) se ubicó en 0.8 % del INBD, mientras el déficit fiscal fue de 2.3 %. Respecto al PIB, el balance primario reportó 0.9 % y el déficit fiscal cerró en 2.7 %.
El modelo aplicado por los investigadores concluye que 0.8 % del INBD es el balance primario necesario para estabilizar el ratio de la deuda en 61.4 % del INBD en el mediano y largo plazo.
Al ser estos valores -el balance primario y la deuda- iguales a los registrados en 2018, “a esta fecha puede decirse que no se necesita un ajuste fiscal adicional, pero eso no quiere decir que las finanzas públicas están bien”, indicó Alvarado, e instó a evitar déficit fiscales crecientes.
Consultados sobre el contraste entre los resultados del estudio y hechos como el impago de la deuda de pensiones o presupuestos públicos que requieren deuda para financiarse, los autores señalaron que estas “variables cualitativas” no se incluyeron en el modelo para medir la sostenibilidad fiscal.