Señaló que no puede ser “abierto ni general”, ya que se debe respetar el principio de proporcionalidad.
Según Fusades, en el decreto no pueden limitarse derechos constitucionales que no contribuyan al fin perseguido.
De acuerdo a la institución privada, un régimen de excepción que restrinja todas las garantías constitucionales iría en contra del ordenamiento jurídico del país. Enfrentar el coronavirus, señaló, implica utilizar “todas las herramientas legales disponibles” para facilitar el trabajo de las autoridades, pero cuidando los derechos fundamentales de los salvadoreños.
Fusades se pronunció a favor de que la Asamblea Legislativa decretara emergencia nacional.
“Es importante que el Gobierno adopte las medidas necesarias conforme al ordenamiento jurídico”, dice el pronunciamiento.