Foto de Cristosal.
Una veintena de organizaciones sociales salvadoreñas exigieron este lunes a la Asamblea Legislativa avanzar en una ley de reconciliación para que haya justicia por atrocidades cometidas en la guerra civil (1980-1992).
"Lo que pedimos es que haya justicia y reparación, nosotros no pedimos una ley de reconciliación por venganza", declaró en una rueda de prensa Dorila Márquez, presidenta de la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote, una de las organizaciones peticionarias.
En 2016, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema declaró inconstitucional una ley de Amnistía de 1983 que impedía investigar y llevar ante la justicia a responsables de graves crímenes cometidos en el marco de la guerra civil.
El tribunal ordenó a la Asamblea Legislativa elaborar una ley de reconciliación que diera justicia y reparación a las víctimas de graves violaciones a derechos humanos, y fijó julio pasado como fecha límite para su aprobación.
A pedido del Congreso, la sala constitucional amplió ese plazo hasta noviembre próximo y ordenó a los diputados propiciar un proceso de diálogo con diversos sectores de la sociedad civil, en especial con los familiares de víctimas.
En un comunicado, las organizaciones señalaron que el Congreso ha realizado las consultas ordenadas por el tribunal, pero en su criterio "parecen una medida formal" y "sin ánimo real de escuchar" a las víctimas.
Las organizaciones lanzaron este lunes una campaña mediática denominada "No borrarán nuestra memoria" con el propósito de impulsar la aprobación de la ley de reparación.
La campaña incluye un video musical en el que se muestra imágenes de atrocidades ocurridas en el pasado conflicto y cuya letra señala que "nunca hemos querido la venganza, aunque estén vivas las heridas, solo queremos verdad y justicia".