Un fiscal del caso afirmó que el suegro del expresidente Mauricio Funes, Juan Carlos Guzmán Berdugo, extraditado de Costa Rica, habría lavado $133, 564.71 durante el gobierno de Funes.

Ese monto fue movido a través de diferentes acciones como depósitos y retiros realizadas en el sistema financiero, conversión, compra de vehículos y compra de boletos aéreos, cuyo origen era de cuenta particular de la presidencia de la República.

En un análisis financiero, Guzmán Berdugo no logró justificar los $133, 564 porque desde 2011 no reporta ingreso ni declaraciones de renta, y no puede establecer la procedencia lícita de ese dinero.

La Fiscalía asegura tener prueba testimonial, informe y periciales que establecen, que el origen del dinero de Guzmán Berdugo procedían de gastos operativos de la Presidencia de la República entre 2009 y 2014.

Esos ingresos, según las investigaciones, le sirvieron para pagar préstamos personales, para pagar créditos por compra de vehículos de su esposa y compra de boletos aéreos.

Compraba vehículo en $15,000 y 15 meses después los vendía en $6,000, de esa manera convertía el dinero de origen ilícito en lícito.

Ciudadano nicaragüense


En abril de 2019 fue detenido en Costa Rica por su situación ilegal. Ayer, el fiscal general, Rodolfo Delgado, explicó que tras su arresto, Guzmán pidió ser deportado a Nicaragua, alegando ser ciudadano de ese país.
Sin embargo, Nicaragua nunca respondió a los requerimientos que hizo la República de Costa Rica, fue hasta abril que el tribunal de apelación de sentencia penal otorgó la extradición a la República de El Salvador, conforme al artículo 9 de la convención de extradición Centroamericana", dijo el fiscal Delgado, ayer.

Anoche, Guzmán Berdugo arribó a El Salvador en un avión militar, escoltado por dos aviones A37. Luego fue trasladado al Centro Judicial Isidro Menéndez, en San Salvador, en medio de un fuerte dispositivo de seguridad, a cargo de la Policía Nacional Civil.

El juez Octavo de Instrucción le notificó el delito de lavado de dinero que Fiscalía ha presentado en su contra, además sus derechos como a elegir a un defensor privado y si no puede, la Procuraduría General de la República le asignará un abogado público al penal donde será enviado.