Muchas familias han sido obligadas a emigrar de sus lugares de habitación debido a la delincuencia. / DEM
La falta de financiamiento es el principal obstáculo para aprobar la Ley Especial para la Prevención y Protección de Víctimas de Violencia en condición de Desplazamiento Forzado según la Comisión de Legislación de la Asamblea Legislativa.
“El mayor tropiezo es la figura del financiamiento. No podemos aprobar una ley sin fuente de financiamiento real”, admitió el diputado Mario Tenorio, del partido Gana, legislador que preside la Comisión.
La aprobación de esta ley es mandato de una sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitida el 13 de julio de 2018, que le dio seis meses a la Asamblea para diseñar políticas públicas y protocolos de actuación con el fin de prevenir el desplazamiento forzado. El plazo venció en enero.
Exige asistencia a desplazados
Según las propuestas presentadas por diferentes organizaciones, la normativa contempla la construcción de albergues, apoyo sicológico a las personas afectadas, protección de las familias y un retorno a sus lugares con garantías de protección, así como programas de asistencia humanitaria.
Eso requiere disponer de fondos que de momento no se han cuantificado, señaló el diputado Javier Valdez, del FMLN. “Lo complicado de esta ley es el recurso y financiamiento”, reconoció.
El diputado del FMLN no descarta el impulso de reformas para tipificar delitos contra la hacienda pública con el fin de detectar recursos; agregó que hay partidos que mencionan impuestos pero que no hay acuerdo.
Por su parte, el diputado René Portillo Cuadra, de Arena, advirtió que algunas disposiciones ya están en varias leyes, pero consideró prioritario definir el financiamiento. “Hay que centrarnos en cuánto es lo que va invertir el Estado, si no, la Ley de Responsabilidad Fiscal lo va a rechazar”, indicó.