El fiscal que expuso al juez 7o. de Instrucción de forma detallada la legitimación de esos fondos, dijo que durante el mandato presidencial de su esposo, la ex primera dama abrió cuentas bancarias, emitió y cobró cheques a favor de sociedades o de ella.
Según el Ministerio Público, durante el periodo presidencial Ligia de Saca recibió mensualmente $10 mil, a pesar que su función como primera dama era ad honoren; el fiscal le manifestó al juez Miguel Ángel García Argüello, que terminó recibiendo un monto total de $600 mil 736.77.
Al detallar algunos gastos personales, el representante fiscal dijo que en septiembre del año 200 la procesada, supuestamente, canceló una tarjeta de crédito con un cheque que le extendió Elmer Roberto Charlaix Urquilla, por la cantidad de $13 mil 366.00 y que esos fondos salieron de la Cuenta Institucional del Tesoro Público de la Presidencia.
“Ella tuvo varias tipologías (para lavar dinero) entre ellos cobros ilegales porque no logró justificar cuál fue el motivo de esos cobros” detalló uno de los tres fiscales del caso.
La Fiscalía explicó que la ex primera dama ejecutó pagos electrónicos por un monto de $4 millones 145 mil 999.12 a su esposo, en concepto de sueldos que recibía del Grupo Radial Samix, a pesar que no tenía ningún vínculo laboral, debido a que estaba fungiendo como presidente, pero eso se hizo porque debían de legitimarse todos los fondos que llegaban desde Casa Presidencial; a Saca, durante su mandato presidencial, Samix le incrementó el salario mensual a $60 mil.
Además, la Fiscalía dijo que cuando Ligia de Saca, fue presidenta de la Asociación Familias en Progreso, recibió de Casa Presidencial $1 millón 105 mil, dinero que supuestamente fue utilizado para actividades que no eran de la asociación, pero se retiraba y ocultaba el dinero para encubrir la procedencia ilícita.
La tipología más común para lavar el dinero sustraído de Casa Presidencial era abrir cuentas bancarias para luego hacer las transferencias mediante cheques y dinero en efectivo, según la investigación fiscal y que se fortalece con el peritaje financiero contable que se ha presentado como prueba en su contra.
