Las fiscales presentaron la apelación ayer en la Cámara Primera de lo Penal, en San Salvador. / Diego García
La resolución de la Cámara Primera de lo Penal donde modificó el delito de agresión sexual en menor e incapaz por una falta, en perjuicio de una niña de diez años, fue apelada ayer por la Fiscalía General de la República, quien pide a la Sala de lo Penal que revoque esa decisión judicial, admita toda la prueba y envíe a juicio al magistrado Eduardo Jaime Escalante Díaz.
El principal punto de apelación que el Ministerio Público argumenta es que los magistrados Guillermo Arévalo y Martín Rogel hicieron una interpretación errónea de la ley al calificar como una falta la agresión sexual sufrida por la menor.
Marina de Ortega, directora nacional de la mujer, de la Fiscalía, dijo que la resolución sienta un mal precedente y por eso han mostrado su inconformidad ya que es “una resolución falta de todo criterio de análisis jurisprudencial, de análisis del contenido de la protección de los derechos de la niñez”.
La representante de la Fiscalía explicó que la Cámara ha vulnerado los derechos de la niña por considerar que es una resolución revictimizante, ya que se culpa a la víctima y no se toma en cuenta la conducta de Escalante Díaz.
El trámite
La apelación que fue presentada en la Cámara Primera de lo Penal debe seguir el trámite de ley que consiste en otorgarle el derecho de audiencia al magistrado Eduardo Jaime Escalante Díaz, quien tiene que ser notificado del recurso.
Una vez reciba dicha certificación, a través de sus abogados deberá responder la apelación en un plazo máximo de cinco días hábiles, para que inmediatamente la Cámara Primera de lo Penal envíe el expediente a la Sala de lo Penal para que resulevan los argumentos presentados por la Fiscalía.
La Sala de lo Penal tiene plazo de 25 a 30 días para resolver el recurso de apelación y determinar si confirma la resolución de la Cámara o accede a la pretensión de la representación fiscal.
Los magistrados que estudiarán el recurso de apelación son: Doris Luz Rivas Galindo, Leonardo Ramírez Murcia y José Roberto Argueta, los dos primeros tienen amplia experiencia como jueces.
El caso
Escalante Díaz, quien está suspendido como segundo magistrado propietario de la Cámara Tercera de lo Civil de la Primera Sección del Centro, es acusado por la Fiscalía General de la República por el delito agresión sexual en una menor e incapaz que supuestamente habría cometido en perjuicio de una niña de diez años, el 18 de febrero de 2019, en la residencial Altavista, en Tonacatepeque.
La relación del suceso que narra la Cámara en su fallo dice que la niña estaba frente a la casa donde vive su tía y de forma repentina se le acercó un sujeto desconocido, que vestía una gorra de color negro y un pantalón corto del mismo color, con una camisa blanca “alto, algo gordito, chele y se le acercó lentamente y sin decirle nada le agarró de los hombros y le tocó de su vulva con la mano, se la puso en la mano y se la choyó hacia arriba”.
Luego el sujeto, posteriormente identificado como Escalante Díaz, corrió por varios pasajes y lo perdió de vista en una cruz calle de la residencial Alta Vista.