“FGR necesita más fondos para combatir el lavado de activos”

A las puertas de iniciar la discusión por una nueva Ley Especial para la Prevención, Control y Sanción del Lavado de Activos, que endurece las sanciones y propone un nuevo sistema de prevención para este delito, entre los fiscales y encargados de unidades especiales dentro de la Fiscalía General de la República (FGR), surge la interrogante sobre si El Salvador podrá crear un sistema integral contra el lavado de dinero, un delito que, por su naturaleza, es un mecanismo para ocultar otras acciones ilícitas como la extorsión, el secuestro, el peculado y la corrupción en el Estado.

Con una reducción en su presupuesto de $7.8 millones para el 2020, la FGR se enfrenta a un panorama adverso, algo que ha sido reconocido en varias ocasiones por el fiscal general, Raúl Melara. La institución recibirá $83.5 millones, después de haber recibido $91.3 millones en 2019, contando las reasignaciones presupuestarias.

Melara ha revelado que la institución tiene 86,692 casos iniciados y apenas 600 fiscales para dirigir las investigaciones. Esta situación no escapa a las unidades especializadas, donde “la FGR no nos puede dar lo que no tiene, y aunque el recurso actual ha sido fortalecido, nunca es suficiente”, asegura Néstor Guzmán, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Ministerio Público, que será fortalecida por la nueva legislación.

 

¿Qué se necesita para mejorar el sistema contra el lavado?

El tema de lavado de activos es complejo: siempre hay un delito precedente delante de él. También se les llama subyacentes u originarios, y pueden ser de distinta índole. Pueden ser falsedades, extorsiones, secuestro, homicidio, peculado y todos los relativos a la corrupción.Todo el dinero que se obtiene de estos hechos delictivos los colocan en entidades financieras; en cualquiera que le permita darle una apariencia de legalidad y que luego pueda disponer de ellos como que si fueran propios. ¿Cómo suele cometerse este delito acá?, pues utilizando personas, estructuras jurídicas, en algunos casos hasta entidades internacionales. En el caso de la UIF, órgano adscrito a la FGR, se encarga de tener información precisa de parte de las entidades financieras que se encargan de monitorear transacciones con atisbos inusuales o sospechosos. Los sujetos obligados como bancos y cooperativas, generan los Reportes de Operaciones Sospechosas, son analizados, y cuando se obtiene de acuerdo a los análisis operativos internos, detalles sobre posibles delitos en lavados de activos, se genera un Informe de Inteligencia Financiera a la FGR para que decida a qué unidad operativa le va a pasar el caso. Obviamente, toda la información que aportan los sujetos obligados para poder acreditar la forma en que se dieron las transacciones, quiénes la cometieron, y los mecanismos que utilizaron. Por su misma complejidad, este tipo de delitos requiere una gran cantidad de recursos humanos, logísticos, y financieros. Las instituciones lo que más demandamos es mayor cantidad de recursos para ser más efectivos.

 

¿Tienen instrumentos suficientes para combatirlo?

Mucha de esta información es desechada porque no concreta ser un hecho constitutivo de delito o no tenemos el indicio que nos permita construir o darle los insumos al fiscal para que pueda perseguir. Hay buena cantidad de estos reportes que nos permiten determinar que hay un indicio fuerte de lavado de activos y que muchos pueden generar un solo caso; y éste puede ser muy bueno, muy fuerte. Solo estos últimos años se han pasado casos muy bien construidos y muy fuertes. Esto ha sido el fruto de la UIF en el transcurso del tiempo.

 

De acuerdo a la legislación actual, ¿cuáles son los vacíos para que se logre una operación óptima de la UIF? ¿Hay falta de tipificaciones?

Hay conductas que no están reguladas dentro de nuestra legislación actualmente. Todo lo que está dentro de la ley especial del combate al lavado de activos se ha integrado al nuevo proyecto, y se han integrado otras tipologías que se han ido detectando en el país, son parte de la construcción internacional de países que van detectando otras formas de operar, y se han introducido mediante verbos lectores y no están en este momento. Se ha creado el comité interinstitucional de lavado de dinero y activos que nos permitirá generar una coordinación a nivel de todas las instituciones de Gobierno, entidades públicas como la FGR y UIF. El sector privado ha estado dispuesto a apoyar.

 

¿Se vería fortalecida la UIF con esta reforma?

Según la ley orgánica de la FGR, en su artículo 72, se detallan las funciones; pero en el nuevo proyecto de ley vienen facultades más amplias. El asidero legal que vamos a tener nos permite actuar con mayor solidez, con mayor prontitud, para poder exigirle a los sujetos obligados que cumplan de acuerdo a los plazos, los parámetros de calidad, girar las instrucciones correspondientes en el delito de lavado para que la debida diligencia se haga de mejor manera.

 

Dentro de las regulaciones internacionales se recomendó a El Salvador que la actual UIF pase a ser una Unidad de Análisis Financiero (UAF) ¿Qué implicaciones tiene?

Lo importante de todo esto es que las UIF sean independientes en su operación, sean autónomas en sus funciones. Aunque ya se venía actuando de esa manera, fue hasta febrero del año pasado que a raíz de la reforma de la Ley Orgánica de la Fiscalía, se pudo obtener la independencia operativa de la UIF.

 

¿Hay suficientes recursos dentro de la Unidad para garantizar un combate al lavado de dinero?

Ha habido un cambio cualitativo en el tema de recursos. No tiene un presupuesto propio como tal porque administrativamente está adscrita a la FGR. Con la llegada de Raúl Melara, hemos tenido un apoyo incondicional hacia esta unidad en el tema de recursos; pero en la medida en que la FGR esté fortalecida, también van a llegar a la UIF. No puede ser de otra manera: la FGR no nos puede dar lo que no tiene y, aunque el recurso ha sido fortalecido, nunca es suficiente.