Según la representación fiscal, la ex primera dama, junto a su hermano Óscar Edgardo Mixco Sol y Milton Romeo Avilés Cruz, en su calidad de presidente de Tóchez Fernández Limitada, supuestamente participaron en estratificación de los fondos desviados de la Presidencia de la República.
En el lavado de dinero y activos que el Ministerio Público les atribuye, la estratificación es la segunda etapa de este ilícito y consiste en la separación de fondos de procedencia ilícita (peculado) en este caso y lo hacen transitar a través de una serie de transacciones financieras sofisticadas con el fin de no dejar rastro.
En la acusación fiscal se detalla que los exmiembros del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE) Julio Roberto Zamora Bolaños, Sonia Guadalupe Morales de Reyes y María Emma Suazo Canjura, habrían recibido mediante cheques y en efectivo, la cantidad de $9,608,351.43, monto por el que deben responder solidariamente, expresó el fiscal que hizo la solicitud.
En el caso de José Antonio Lemus Zaldívar, Ricardo Ernesto Lemus Zelaya José Antonio Armando Lemus Zelaya, de la sociedad Anle S.A. de C.V., el ministerio público ha solicitado que se tenga por incoada la responsabilidad civil por la cantidad de $3,800,000.
Las demás agencias de publicidad también deberán responder por montos diferentes. En el caso de Funes y Asociados Publicidad, S.A. de C.V., cuyos personeros procesados son: César Daniel Funes Cruz y Gerardo Antonio Funes Durán, la Fiscalía pretende que paguen $6,511,064.61.
El fiscal del caso al momento de justificar los montos de responsabilidad civil para cada uno de los procesados, le dijo al juez que el artículo 1,308 del Código Civil señala que toda persona responsable de delito lo debe ser también civilmente y al pedir que se tenga por iniciada esa acción se busca garantizar el pago en el caso que los acusados sean enviados a juicio y reciban una sentencia condenatoria.
