Fiscales presentan el requerimiento en contra de las personas relaciones con la presunta negociación con grupos criminales. Foto cortesía FGR.


 

Representantes de la Fiscalía General de la República (FGR) acudieron hoy al Juzgado Segundo de Paz de San Salvador para presentar las acusaciones en contra de siete personas, entre ellos funcionarios y exfuncionarios implicados en las supuestas negociaciones con pandillas. Los acusados son Arístides Valencia, Benito Lara, Wilson Alvarado (enlace utilizado por el FMLN para establecer comunicación con los pandilleros), Raúl Mijango, Ernesto Muyshondt, Salvador Ruano y Paolo Luers. Todos serán procesados por fraude electoral y agrupaciones ilícitas.

La audiencia inicial se llevará a cabo entre jueves y viernes de la próxima semana, informó el fiscal del caso, Arturo Cruz. Detalló que los hechos que se les imputan a los siete iniciaron con el proceso de pacificación en el periodo del expresidente Mauricio Funes, “en el que los políticos se percataron que miembros de estructuras de pandillas tenían cierto poder para inclinar la balanza electoral de los comicios” de 2014.

Prosigió relatando que Benito Lara y Arístides Valencia, en ese entonces ministros de Seguridad y de Gobernación, respectivamente, se acercaron a las estructuras criminales para ofrecerles dinero a cambio de que pandilleros votaran por la fórmula presidencial conformada por Salvador Sánchez Cerén y Óscar Ortiz.

Dijo que también acordaron que pidieran a los miembros de las comunidades que votaran por el FMLN, “empleando métodos de amenazas hacia esas comunidades", así como también hicieron decomisos de duis de personas que habían sido identificadas como simpatizantes de Arena.

 



 

Estaba programado que el requerimiento fuera presentado a las 11:00 de la mañana; sin embargo, debido a la carga laboral, el tribunal lo recibió hasta después de las 2:00 de la tarde, informó Carolina Cabrera, del grupo Anticorrupción de la Fiscalía. Señaló que en el caso de fallecido alcalde de Ilopango, Salvador Ruano, se está solicitando sobreseimiento definitivo debido a que la ley establece que al haber fallecido esto representa una "causa de extinción penal".

 



 

Los fiscales llevaron al tribunal cajas que contienen documentos que servirían de pruebas para que sean procesadas todas las personas ligadas a este caso. Cabrera explicó que las cajas contienen los "documentos periciales y entrevistas de los testigos" con los que ha contado la investigación.

La FGR solicitará que sean procesados en libertad con ciertas medidas que deberán cumplir: presentarse cada 15 días a la sede judicial que corresponda, evitar cualquier negociación con miembros de organizaciones terroristas y el pago de una fianza económica de $100,000 para cada uno de los acusados.

Horas antes de que el Ministerio Público se presentara al juzgado, el fiscal general de la República, Raúl Melara, recordó, a través de Twitter, que ya había advertido hace unos meses que “sea quien sea que se encuentre involucrado, será procesado.

El pasado lunes, la Fiscalía presentó a la Asamblea Legislativa una solicitud de antejuicio y desafuero del diputado de Arena, Norman Quijano, por los delitos de fraude electoral y asociaciones ilícitas.

La acusación surge luego que saliera a la luz, durante el juicio del denominado caso “Operación Cuscatlán, un video donde Quijano aparece reunido con supuestos líderes religiosos y presuntos representantes de pandillas.

El video fue divulgado por el Juez Especializado de Sentencia A en el proceso en que el testigo con régimen de protección, identificado como “Noé”, señaló al diputado arenero y otros políticos de de supuestamente haber ofrecido dinero a las pandillas a cambio de votos para las elecciones presidenciales de 2014.