El Juzgado aún no ha programado fecha para la audiencia preliminar. / DEM
La Fiscalía General de la República señaló que la jueza Cuarta de Instrucción interina, Lila Álvarez, trabajó un tiempo junto a uno de los defensores de los familiares de José Adán Salazar Umaña “Chepe Diablo”, el abogado Gerardo Napoleón Cisneros, en la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Según el fiscal anticorrupción, German Arriaza, fueron compañeros de trabajo desde el 2010 hasta el 2015, año donde ambos dejaron de trabajar en la referida Sala.
“Tomando en cuenta que uno de los principios que se deben de privar en la administración de justicia es la imparcialidad, considerábamos que ese principio estaba un tanto dañado, ya que había existido esa relación laboral, entre uno de los abogados de los procesados y la jueza interina de este caso, así es que por esa razón interpusimos la recusación”, explicó ayer Arriaza a este medio.
El fiscal anticorrupción explicó que ante la Cámara Primera de lo Penal entregaron un informe de la Corte Suprema de Justicia, donde constaba que ambos habían laborado en la Sala de lo Penal en fechas coincidentes.
Sin embargo, el tribunal no admitió el recurso argumentando que lo planteado por fiscalía “no se encuentra regulado de forma expresa en la normativa procesal penal”.
En su escrito, la Fiscalía expuso que los impedimentos para que la jueza Álvarez siguiera conociendo del caso están contempladas en el artículo 66 del Código Procesal Penal.
Ante esto, Fiscalía sostiene que otros tribunales superiores ya han establecido jurisprudencia, donde se ha tomado como válido el argumento de la relación laboral.
“En otros procesos ya ha habido precedentes judiciales, en donde, tanto la Sala de lo Penal y algunas cámaras, por ejemplo la Tercera de lo Penal y algunas de occidente, ya habían dado como válidas ese motivo para poder recusar”, explica el fiscal Arriaza.
Para el pasado 20 de junio, el juzgado Cuarto de Instrucción tenía programada la audiencia preliminar en contra de la estructura de “Chepe Diablo”, acusada por lavado de dinero de unos $200 millones, pero fue suspendida.
En el proceso, también es acusado el exalcalde de Metapán, Juan Umaña Samayoa, el único que guarda arresto; el empresario hotelero José Adán Salazar “Chepe Diablo” goza de medidas sustitutivas, luego del pago de una fianza.
Las familiares Sara Paz Martínez Bojórquez, Susana Nohemy Salazar de Cruz y Romelia Guerra Argueta, también tienen medidas alternas a la detención, luego del pago de una fianza.
Argumento
La Cámara Primera de lo Penal dijo que el argumento de la fiscalía no estaba plenamente establecido en la legislación.
