La Asamblea Legislativa aún no inicia el estudio. / DEM


El jefe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Fiscalía General de la República (FGR), Néstor Guzmán, recomendó ayer que la Asamblea Legislativa apruebe la Ley Especial para la Prevencion, Control y Sanción del Lavado de Activos, cuyo anteproyecto de ley fue presentado el año pasado.

El jefe de la UIF le dijo a los diputados de la Asamblea Legislativa que ese anteproyecto de ley “no ha sido hecho a la carrera, sino que está hecha a la medida y es necesario seguirla revisando” en la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa.

El anteproyecto de la nueva ley que pretende combatir el lavado de dinero fue elaborado por la FGR en coordinación con la representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). “Es más fácil crear algo nuevo en lugar de seguir parchando algo deficiente”, recomendó el jefe de la UIF respecto al borrador de ley contra el lavado que está en manos de los diputados de la Comisión de Seguridad.

El anteproyecto de ley contempla aumentar las penas carcelarias de ocho a 15 años por el delito de lavado de dinero. La normativa vigente sanciona el delito de cinco a 15 años de prisión.

El borrador también incluye la creación de un sistema para prevenir el lavado e incluye entre las personas políticamente expuestas a los funcionarios de segundo grado y a los gobernadores.

También, refuerza el trabajo y cambia el nombre de la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía a Unidad de Análisis (UAF).

La presentante de la UNODC, Mónica Mendoza, planteó que el país está en la decisión de si solo reformar la ley contra el lavado vigente; sin embargo, cree que debería aprobarse el nuevo marco normativo para posicionar al país en la región en cuanto al combate del lavado. “La ley es necesario cambiarla y sí busca poner a El Salvador a la vanguardia” de la región en el combate al lavado, advirtió la funcionaria representante de este organismo internacional.

 

Nuevo proyecto



Aumento de pena

Propone incrementar de ocho a 15 años los años de cárcel por lavado. La pena actual es de cinco a 15 años.

 

Sistema de prevención

Conformado, entre otros, por la Corte Suprema, Hacienda y Tribunal Electoral.

 

Personas expuestas

Incluye a los funcionarios de segundo grado, a los jueces y gobernadores.