Raúl Melara, fiscal general de la República. / Diego García
El fiscal general de la República, Raúl Melara, criticó ayer la decisión del Juzgado de Paz de Coatepeque, Santa Ana, luego de poner en libertad al alcalde de ese municipio, Jorge Alberto Rivas y otros 26 imputados, entre los que figuran concejales, exconcejales, empresarios, ejecutores de proyectos y supervisores, acusados por los delitos de peculado (apropiarse de bienes del Estado) y negociaciones ilícitas.
Melara aseguró que la Fiscalía General de la República (FGR) apelará la resolución y dijo tener “pruebas suficientes y motivos reales” para hacerlo.
“El caso de la alcaldía de Coatepeque es un tema emblemático, no puede ser que municipios tan pobres que necesitan recursos se vean esgrimados (atacados) por sus autoridades”, afirmó.
El fiscal también indicó que no aceptarán la resolución porque incluso algunos de los imputados en este caso se han fugado y no llegaron a la audiencia.
“El mensaje es claro, vamos a combatir la corrupción venga de donde venga, vamos a perseguir a los corruptores”, puntualizó.
Según la FGR, los imputados aprobaron 11 proyectos por un monto de $441,375.27, dinero que fue erogado, pero las obras nunca se ejecutaron.
Entre los vinculados también está el exalcalde de Santa Ana, Mario Moreira, quien era contratista de la emprea Morig, quien habría recibido uno de los 11 contratos no ejecutados por el concejo municipal.