Los diputados se reunieron en privado con el fiscal general y explicaron que les pidió la ampliación de los plazos procesales para los procesos investigativos que realiza la Fiscalía General de la República (FGR).
“El fiscal general planteó tres reformas que pueden resumirse en que se necesita más tiempo, más plazo, para poder realizar las investigaciones y las intervenciones”, declaró el diputado de la Comisión de Legislación, Javier Valdez, del FMLN.
La ley vigente establece, en su artículo 23, que el juez que autorizó la intervención telefónica puede avalar la destrucción de toda la grabación y sus transcripciones si la Fiscalía General de la República (FGR) no presenta en seis meses la acusación penal.
El 15 de diciembre de 2017, la Asamblea Legislativa aprobó una interpretación auténtica a dicho artículo para que la destrucción de grabaciones y transcripciones se efectúen “inmediatamente de haber concluido el plazo”; la interpretación, solicitada por la entonces diputada Cristina López, intentaba favorecer al empresario Enrique Rais, prófugo, acusado de fraude, falsedad ideológica y cohecho con grabaciones como prueba.
Jueces intentan inaplicar ley
Según los diputados, el fiscal general solicitó estas reformas porque algunos jueces tratan de inaplicar esta ley cuando ya hay procesos investigativos abiertos pero se incumplen estos plazos señalados por ley.
Además de pedir las reformas, el fiscal general de la República rindió el informe de las intervenciones telefónicas en 2019, así como los resultados obtenidos a partir de las líneas de investigación.
El informe, presentado a los diputados de la Comisión de Legislación de la Asamblea Legislativa, indica que la mayoría de los procesos investigados a través de las intervenciones telefónicas tienen un 90 % de éxito.