La Unidad de Crímenes históricos de la Fiscalía General de la República (FGR), en cuatro años, aún no tiene los elementos probatorios suficientes para abrir un proceso penal por la masacre del 25 de julio de 1981, en la comunidad San Francisco Ángulo del municipio de Tecoluca, San Vicente.

Tras una demanda de amparo interpuesta por algunos de los sobrevivientes de la masacre, el 5 de febrero del 2014, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), ordenó al fiscal general, en ese entonces, Luis Martínez, efectuar “dentro de un plazo razonable, una investigación seria, exhaustiva, diligente y concluyente, con el fin de esclarecer la verdad del homicidio colectivo” y “en el caso de que, a su criterio, se haya cometido algún delito, ejerza de inmediato la acción penal”.

Han pasado cuatro años de esa orden y uno de los fiscales del caso solamente detalla que han entrevistado a “una multiplicidad de personas en calidad de víctimas y testigos, exhumaciones, oficios y peticiones a diferentes instituciones”.

Así lo afirmó ayer en la audiencia pública convocada por los magistrados de la Sala de lo Constitucional, la cual pretendía conocer cuánto ha indagado la FGR.

“¿Tienen los elementos suficientes para abrir un juicio?”, preguntó una periodista. “Por el momento estamos en la fase de investigación, estamos en esa etapa, donde incluso faltan muchas exhumaciones de 15 restos que no sabemos el lugar exacto dónde se encuentran”, justificó el fiscal.

Las exhumaciones de los cadáveres las solicitaron los familiares el 14 de julio del 2005 a la oficina fiscal en San Vicente, la cual, después de pedir autorización al juez Primero de Paz de Tecoluca, procedió con las exhumaciones.

En ese entonces, se recuperaron 30 esqueletos humanos gracias a los testimonios de los sobrevivientes como el de Jesús Arias. “Estuve en el entierro de esas gentes, (tuve que) recogerlos y llevar todos esos cuerpos a enterrarlos en fosas comunes”, manifestó ayer. Entre ellos figuró el cadáver de su madre y hermana.



Sin embargo, en febrero del 2006 se suspendieron definitivamente por parte del juez, al considerar que “se habían recuperado todos los restos del lugar”.

Ni el juez ni la Fiscalía General de la República se dieron cuenta que estaban ante un crimen que debía ser investigado porque –según resolución del 5 de febrero de la Sala de lo Constitucional– el fin de la exhumación no era una investigación penal sino que “estos familiares pudiesen recuperar los restos de sus seres queridos y darles “cristiana sepultura”.

Tres años después, el 23 de noviembre del 2009, los familiares interpusieron la denuncia pero fue hasta el 2011 que la Fiscalía empezó a investigar. Hasta la fecha, falta encontrar 15 cadáveres y de los 30 encontrados, solo 19 se han logrado identificar.

 

Archivos militares

Según los sobrevivientes, los perpetradores de la masacre fueron miembros de los escuadrones de la muerte, la Fuerza Armada de El Salvador, la defensa civil y de la comandancia de la Guardia Nacional de Tecoluca, siendo el jefe de ésta una persona identificada como “sargento Ramos”.

La Sala, ayer, le preguntó a la Fiscalía si el Ministerio de la Defensa Nacional había entregado los archivos militares. El Fiscal dijo que sí pero incompletos, puesto que no se detalla la nómina de los militares que estuvieron a cargo de los operativos en esa fecha. La Fiscalía dijo tener la facultad para buscar los archivos si era necesario, al interior de la Fuerza Armada.