La Fiscalía General de la República se reunió con la Comisión Política de la Asamblea para presentar un informe sobre las investigaciones que realiza por el domingo 9 de febrero en el congreso. Foto: Óscar Machon
El fiscal general de la República, Raúl Melara, aseguró que no permitirán atentados en contra de las instituciones públicas, en medio de llamados a la insurrección por el exdiputado Walter Araujo y el ciudadano Geovani Galeas, ambos afines a Nuevas Ideas.
Durante la ocupación del congreso el pasado 9 de febrero, el presidente Nayib Bukele retomó el artículo 87 de la Constitución de la República para advertir a la Asamblea Legislativa que los ciudadanos tienen derecho a la "insurrección" si no atienden su petición: un crédito de $109 millones para el Plan Control Territorial.
"Vamos todos este domingo a las 11:00 de la mañana cargando una cruz negra como símbolo, la gran marcha de las cruces negras, nos vamos para la Asamblea Legislativa", expresa el exdiputado Araujo en un video colgado en su cuenta de Twitter.
Geovani Galeas también publicó en Twitter que "si los diputados siguen por el camino por el que parecen ir, nosotros ya no necesitaremos la convocatoria del presidente Bukele para activar nuestro derecho constitucional a la insurrección", y advirtió que "entonces sabrán lo que es la ira del pueblo".
Tres días después de la ocupación del pleno, la Fiscalía General de la República se reunió con la Comisión Política de la Asamblea para presentar un informe sobre las investigaciones que realiza por el domingo 9 de febrero en el congreso.
En su visita, Melara fue cuestionado por la prensa sobre la actuación del Ministerio Público Fiscal ante los llamados a la insurrección por parte de Araujo y Galeas, quienes invocan el artículo 87 de la Carta Magna sobre el derecho a la insurrección.
Aunque el fiscal reconoce que "las personas tienen libertad de expresión, de manifestación, libertad de movimiento", dijo que "no debemos caer en el error de estar incitando a la violencia, alterar el Estado de Derecho, y de atentar contra las instituciones legalmente establecidas".
"No vamos a permitir que se atente contra las instituciones. La persona puede manifestarse de manera pacífica cuando quiera", agregó Melara.
La diputada del FMLN, Cristina Cornejo, recordó durante la reunión con el fiscal que el partido interpuso un aviso de demanda en contra de Araujo por los delitos de rebelión, sedición, proposición y conspiración, y apología para cometer delito. La Fiscalía, sin embargo, aún no está investigando formalmente llamados a la insurrección.
Melara se limitó a decir, una vez más, que tiene abiertos "dos expedientes" por los sucesos del 9F, pero no especificó a quiénes investigará por la comisión de los hechos o qué pruebas solicitarán a la Asamblea Legislativa.
¿Qué dice la Constitución?
El artículo 87 de la Carta Magna reconoce "el derecho del pueblo a la insurrección", pero lo delimita al único objeto de "restablecer el orden constitucional alterado por la transgresión de las normas relativas a la forma de gobierno o al sistema político establecidos", o por graves violaciones a los derechos consagrados en la Constitución.
"El ejercicio de este derecho no producirá la abrogación ni la reforma de esta Constitución, y se limitará a separar en cuanto sea necesario a los funcionarios transgresores, reemplazándolos de manera transitoria hasta que sean sustituidos en la forma establecida por esta constitución", añade.
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