El colombiano pretende que la Sala de lo Constitucional falle a su favor. / DEM


Cuando el Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca absolvió por primera vez a Rafael Enrique Silva Zambrano, el 1 de marzo de 2016, ordenó que se le regresara los $279 mil decomisados en el Aeropuerto Internacional Monseñor Óscar Arnulfo Romero, por no existir delito de lavado de dinero, pero la Fiscalía General de la República obvió esa resolución y 12 días después aplicó la Ley de Extinción de dominio.

La Unidad Especializada de Extinción de Domino de la Fiscalía decidió imponer una medida cautelar de secuestro al dinero incautado al colombiano, y el 13 de marzo de 2016 solicitó la ratificación de dicha medida al Juzgado Especializado en esa materia.

En la petición, el Ministerio Público argumentó que en el proceso penal no se discutió el origen lícito y omitió las resoluciones de todos los jueces que en las diferentes etapas del juicio penal confirmaron la legalidad y procedencia de los $279 mil.

La Fiscalía cuestionó que el colombiano portara tanto dinero en el maletín y no tomó en cuenta que es un comerciante de divisas y que trabaja con dinero en efectivo; además, presentó toda la documentación que respaldaba la legal tenencia y la procedencia.

Con todo y esos argumentos fiscales, el proceso de extinción de dominio llegó hasta audiencia de vista pública en donde la jueza especializa en extinción de dominio decidió que el dinero pasara al Estado, en una resolución que la defensa cuestionó ya que la funcionaria judicial introdujo oficiosamente prueba que la Fiscalía nunca aportó y que resultó clave para fallar contra el colombiano.

“Ahora esperamos que las Autoridades rectifiquen todo ese mal que me hicieron, en el Juzgado de Extinción. Mintieron y cuadraron todo para perjudicarme, porque ahí estaban hasta las facturas de compra de las divisas, cometieron fraude procesal, falsedad ideológica y prevaricato; y lo voy a demostrar también”, manifestó el extranjero respecto al proceso de extinción de dominio.

Según Silva Zambrano, en su contra han cometido injusticia, señala que la CSJ en una sentencia, referente a la Ley de Extinción de Dominio, dice que el derecho a la propiedad donde está de por medio el patrimonio familiar no se puede extinguir a nadie y en su caso lo han despojado de $279 mil, dinero que constituyen sus más de 30 años de trabajo.

“Además el único argumento que encontraron en el Juzgado de Extinción fue disque incremento patrimonial no justificado, ahí cometieron prevaricato porque yo nunca he ingresado a El Salvador con mi dinero, ni declaro renta en El Salvador, ni hago negocios en El Salvador, eso como dijo la señora juez de extinción es falso que yo en unos viajes de negocios míos ganaba y en otros perdía”, dijo el colombiano.