Meléndez dijo que la corrupción “es la madre” de todas las desgracias que vive el país. / Y.E.


El Fiscal General de la República, Douglas Meléndez adelantó que antes de finalizar el año solicitará a la Asamblea Legislativa, unas reformas a la Ley contra el Lavado de Dinero y Activos, con el objetivo de fortalecer el enfoque preventivo.

Meléndez explicó que las reformas implican “cuatro cambios fundamentales”, entre ellas adoptar el enfoque basado en riesgos para prevenir y controlar el lavado; reformar con base a los estándares internacionales, el listado de sujetos obligados en la ley; la creación del Sistema Nacional de Prevención del Lavado y Activos y la introducción de entes de supervisión en dicha materia.

“El lavado de dinero ha ganado terreno y nosotros hemos perdido la capacidad de prevenirlo y de perseguirlo, a lo mejor”, declaró. “Si la prevención y la represión son limitadas y débiles tendremos el efecto contrario de reforzar las organizaciones criminales”, dijo tras calificar el lavado como uno de los fenómenos más complejos desde la investigación fiscal.

De acuerdo con el jefe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), Jorge Cortez, las reformas están encaminadas a establecer mecanismos de control natural sobre los sujetos obligados.

“Lo que se está dejando constancia en esas reformas es la creación de organismos de supervisión, estos son los que ejercen el control y supervisan que se cumplan todas las medidas de prevención en materia de lavado y activos, para el caso la Superintendencia del Sistema Financiero es el supervisor natural de los bancos, pero también hay otros sujetos obligados que no tienen un supervisor natural”, explicó.

Meléndez agregó: “Las reformas son importantísimas con ese enfoque, porque va a la prevención y al control del sistema en general, aquí puede haber, digamos, el tema sistema cooperativo, el tema de los casinos, las cajas de crédito, los partidos políticos, entre otros, que en este momento, de alguna manera, no hay una supervisión ni un control en forma efectiva”.

Recientemente, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron una reforma que obligará a los partidos políticos a publicar información solo sobre las personas que les realicen donaciones superiores a los $1,500 y de empresas cuando superen los $5,100 al año.

Organizaciones han criticado que la no transparencia de los donantes de los partidos políticos incluye el riesgo de dinero ilícito en ellos.