En la exposición de los alegatos finales del juico conocido como Diego de Holguín, II etapa, fiscales de la unidad especializada anticorrupción le solicitaron al Tribunal Quinto de Sentencia que condene al exministro de Obras Públicas, Jorge Nieto, a una pena de 25 años de prisión.

La pena fue pedida por peculado, principal ilícito que le atribuyen al exministro, cuya pena máxima es de 15 años, mientras que por falsedad documental agravada e incumplimiento de deberes, solicitaron cinco años, respectivamente.

La vista pública que lleva casi tres meses también incluye la acusación contra el exviceministro de Obras Públicas, Sigifredo Ochoa Gómez, Iván Cañas, Carlos Ayala Ruiz y Alberto Colorado.

Para los cuatro imputados, el Ministerio Público pidió una condena de 13 años y cuatro meses, por el delito de falsedad documental agravada.

En el cierre de la exposición, los fiscales del caso dijeron que la investigación tiene un peritaje técnico y uno contable, que son la columna vertebral de la acusación, fortalecidos con la declaración de testigos, entre ellos, los expertos que se encargaron de elaborar dichas pericias.

“Nosotros consideramos que hay elementos suficientes como para que haya una condena para los cinco imputados, hemos probado con peritajes técnicos en materia propiamente de ingeniería y en materia financiera contable, y también con los testimonios”, destacó una de las fiscales.

El peculado que el Ministerio Público le atribuye a Nieto asciende a $9 millones, si bien la defensa ha dicho que el exfuncionario no sustrajo ese dinero, los fiscales le reprochan una conducta que permitió la apropiación de fondos del Estado a favor de terceros.

Este delito está estrechamente vinculado con el incumplimiento de deberes, ya que como titular del Ministerio de Obras Públicas (MOP) tuvo que cuidar los bienes del Estado, pero al no hacerlo presuntamente favoreció para que el representante legal de Copreca Linares, Jesús Hernández Campollo estafara al MOP.

La Fiscalía dijo que cuando Nieto asumió como ministro, supo que Copreca Linares había recibido un anticipo por $7,695,887.15, pese a que no estaba cumpliendo con los puntos contractuales.

Pero el entonces titular del MOP, en el tiempo que duró la ejecución de la obra no tomó ninguna medida para verificar el uso del anticipo, cuando de conformidad a las bases de licitación y el convenio de préstamo tenía la obligación de constatar el uso de los fondos.

Ese monto se convirtió en un perjuicio económico a las arcas del Estado, y el Ministerio Público pidió que se les condene a los cinco imputados a pagarlo en concepto de responsabilidad solidaria.

Según la acusación del Ministerio Público, el perjuicio económico causado es producto de las irregularidades en el diseño y construcción del tramo II del bulevar Diego de Holguín, hoy conocido como bulevar Monseñor Romero.