Se trata de propietarios de bienes e inmuebles señalados por el Ministerio Público de integrar supuestamente tres estructuras dedicadas al lavado de dinero, contrabando de mercadería, cohecho (soborno), tráfico ilegal de personas y agrupaciones ilícitas, cuyo centro de operaciones era la zona occidental.
Además de los inmuebles en los que hay haciendas y lujosas mansiones, se ha pedido a la jueza especializada que pasen a propiedad del Estado 34 vehículos y $300 mil en efectivo que les fue incautado a los miembros de las estructuras.
Estos bienes administrados por el Consejo Nacional de Administración de Bienes (Conab), luego que la Unidad Especializado de Extinción de Dominio de la Fiscalía los incautara en marzo de 2018, están a nombre de Guillermo Isaac García, Adolfo Umaña Magaña, Bertha Jordán, Francisco Alexander García Jordán, Héctor Antonio Guevara, Rigoberto Alarcón Umaña, Orlando Aguirre Martínez y Rodolfo Quijada Sanabria.
Otros inmuebles también aparecen a nombre de familiares cercanos de los integrantes de las estructuras. En la etapa de la investigación, la Fiscalía detectó que esa era una de las estrategias para que las autoridades perdieran el rastro de esas propiedades.
Cuando los fiscales de extinción de dominio comenzaron a indagar la titularidad de los bienes a familiares de los procesados en la “Operación sin Fronteras”, evidenciaron que no tienen la capacidad económica para adquirirlos, pues ninguno tiene fuentes de ingreso lícitas conocidas, no trabajan y en la administración tributaria tampoco tienen récord de ser contribuyentes activos.
Lejos de eso, los representantes fiscales mencionan en el expediente que los propietarios de los bienes e inmuebles tienen una estrecha vinculación con el contrabando de mercadería (leche líquida, cigarrillos de manufacturación extranjera y harinas).
Fiscales señalan que estas personas, quienes ostentan bienes en jurisdicción del límite entre El Salvador y Guatemala, han aprovechado esos espacios para eludir y evadir los controles aduaneros, perjudicando al fisco salvadoreño.
La Fiscalía resalta que esos bienes fueron adquiridos producto de actividades relacionadas a la narcoactividad y el cohecho. Cuando se hicieron las diligencias en las pesquisas, se utilizaron dos herramientas de investigación: la figura del agente encubierto, y las escuchas telefónicas. Los fiscales dicen que grabaron conversaciones en las que se escucha cuando los integrantes de las estructura sobornaron a policías.
