El reglamento de Centros Penales establece que el dinero de las tiendas debe ser invertido solo en proyectos sociales a favor de los reos. / DEM
Pena máxima de nueve años de prisión solicitó ayer la Fiscalía General de la República (FGR) para los exdirector de Centros Penales, Nelson Rauda y Rodil Hernández, acusados de administración fraudulenta y actos arbitrarios.
Al exponer los alegatos finales, los fiscales del caso expresaron al Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador que con la prueba ofrecida durante la vista pública, se ha acreditado que los imputados incurrieron en los dos ilícitos y deber ser condenados.
Por el delito de administración fraudulenta, el Ministerio Público pidió que a los dos exfuncionarios se les imponga cinco años de cárcel que es la pena máxima, según el artículo 218 del Código Penal.
A juicio de los fiscales la conducta de los exdirectores encaja en lo establecido por dicho artículo donde se reprocha el uso indebido de fondos cuya administración y manejo les fue conferido como titulares de la Dirección General de Centros Penales.
En cuanto a los actos arbitrarios, la representación fiscal solicitó a los jueces que condene a la pena de cuatro años que es la máxima señalada por el artículo 320 del Código Penal para un funcionario o empleado público que en el desempeño de sus funciones realice un acto ilegal o arbitrario.
Durante el juicio, la Fiscalía orientó la acusación de este delito con la declaración de testigos, entre ellos tres exministros de Justicia y Seguridad quienes llegaron a confirmar dos puntos específicos.
Por un lado dijeron que ellos no eran los responsables de administrar los fondos de las tiendas institucionales que funcionaban en las penitenciarías, ya que esa era una facultad de los directores general de Centros Penales.
Así mismo los exministros dijeron a los jueces que nunca autorizaron la utilización de dichos fondos para el pago de inteligencia y contrainteligencia, así como pago de bonificaciones, sobresueldos y otros rubros.
Más allá que el exministro de Justicia y Seguridad, David Munguía Payés, dijo en la vista pública que utilizó fondos de las institucionales para labores de inteligencia, y contrainteligencia, nunca dijo que él lo había autorizado; confirmó que Nelson Rauda, le entregaba mensualmente entre $2 mil y $3 mil, pero que eso siempre se había hecho en administraciones anteriores.
Monto
Al proceso penal, la Fiscalía incorporó como prueba pericial un análisis financiero contable que elaboró un perito de la Corte de Cuentas de la República quien llegó a la vista pública a ratificar y explicar dicho informe.
En sus conclusiones determinó que los dos exdirectores de Centros Penales pagaron labores de inteligencia por un monto de $208,393.19 y si bien ese dinero salió de las tiendas institucionales, no encontró ninguna documentación en la que se constatara que en realidad esos fondos fueron utilizados para ese rubro.
Nelson Rauda fungió como director entre el 8 de febrero del año 2012 al 30 de mayo del 2013, mientras que Hernández estuvo como director de Centros Penales, desde 1 de junio de 2013 al 31 de mayo de 2017.
