Los cuatro inmuebles se utilizaron en el año 2010, para ocultar $14 millones 525 mil 930, que estaban enterrados en unos barriles. Estas propiedades son administradas desde el pasado mes de abril por El Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB).
La Unidad Especializada en Extinción de Dominio de la Fiscalía decretó las medidas cautelares de embargo y posteriormente el juzgado especializado en esa materia las ratificó.
El 4 de abril de 2017, fiscales allanaron los inmuebles y tomaron posesión para luego ponerlos a la orden del CONAB mientras dure todo el proceso en el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio.
La representación fiscal inició este proceso porque esos inmuebles fueron destinados para ocultar dinero que supuestamente provenía del narcotráfico, en el año 2010, cuando la División Antinarcóticos hizo el análisis a ese dinero determinó que tenía partículas de cocaína .
La unidad especializada de la Fiscalía ha basado su proceso en los artículos 4, 5 y 6 de la Ley Especial de Extinción de Dominio y de la Administración de los Bienes de Origen o Destinación Ilícita.
El literal C del artículo 4 de la normativa especial señala como “Instrumentos” aquellos bienes utilizados o destinados como medio para realizar actividades ilícitas, por lo que el Ministerio Público ha invocado esta disposición para presentar la solicitud.
Los inmuebles donde se escondía el dinero pasan a administración provisional del Estado, a casi siete años del hallazgo de los barriles enterrados, en la Hacienda El Recolado, del cantón Penitente, de Zacatecoluca, departamento de La Paz y en la Quinta “Las Mercedes”, ubicada en el municipio de Colón, departamento de La Libertad.