La calificadora de riesgo Fitch Ratings afirmó este viernes que la aprobación del Presupuesto General de la Nación de 2020 significó que la administración del presidente Nayib Bukele pasó una “prueba política” dentro de las negociaciones en la Asamblea Legislativa.

La noche del 13 de diciembre de 2019, los diputados aprobaron el presupuesto de 2020 por $6,426.1 millones más una autorización para que el Ejecutivo emita títulos que permitan cubrir la brecha de financiamiento por $645.8 millones.

“La aprobación del presupuesto 2020 de El Salvador y la legislación asociada a financiamiento significa que la administración del presidente Nayib Bukele ha pasado una prueba política clave”, indicó la agencia en un comunicado difundido este día.

Fitch Ratings no modificó la calificación de riesgo de la deuda salvadoreña que emitió el 11 de junio de 2019 en “B-“. En la escala de calificaciones de la agencia, el grupo de las “B” indica que el riesgo de impago está presente pero se mantiene un limitado margen de seguridad de cumplir con los compromisos.

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Para la agencia el presupuesto de 2020 apunta a un mejor déficit fiscal, estimado en 2.7 % del Producto Interno Bruto (PIB) y sería inferior al 2.9 % que calcula para 2019. Esto se debería, explicó, a los ingresos por $110 millones que se generarían con la aprobación de la amnistía fiscal para este año.

Sin embargo, advirtió que la “deuda como porcentaje del PIB continuará aumentando sin más consolidación”. “La amnistía fiscal aprobada en el presupuesto es una fuente de ingresos extraordinaria. Se necesitarán fuentes adicionales permanentes de ingresos o ajustes de gastos para que El Salvador se adhiera a la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF), que señala un ajuste fiscal del 3 % del PIB entre 2017 y 2021”, sumó.

 



 

Reducir el déficit fiscal es uno de los principales compromisos ante la Ley de Responsabilidad Fiscal, pues significa un desequilibrio en las finanzas públicas que debe cubrirse con financiamiento adicional. El déficit aparece cuando los gastos son superiores a los ingresos del Sector Público no Financiero (SPNF), en donde se encuentra el Gobierno central y las empresas públicas no financieras.

Los datos del Ministerio de Hacienda indican que entre enero y noviembre de 2019 el déficit fiscal alcanzó $607.92 millones, equivalente a $170 millones adicionales frente al mismo período de 2018. De la suma total, $309.23 millones corresponden al SPNF y $298.69 millones se originan por los compromisos de pensiones.