El FMLN dice que la UAF podría iniciar un proceso de extinción de dominio sin haberse comprobado causa penal. Se opone a las reformas. DEM

El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), objetará una vez más la creación de una unidad autónoma para investigar, judicializar y sancionar el lavado de dinero al interior de la Fiscalía General de la República (FGR), recomendación de delegados de las Naciones Unidas y el Grupo de Acción Financiera del Caribe (Gafic).


El subjefe de fracción del FMLN, Jorge Schafik Hándal, explicó a Diario El Mundo que su partido no ve necesario el nacimiento de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), incluida en el nuevo anteproyecto de la Ley Especial para la Prevención, Control y Sanción del Lavado de Activos, entregada por el fiscal general Raúl Melara el 1 de octubre.


Para el diputado, la ley busca “una unidad con prerrogativas sobre el fiscal”, y es apoyada por el mismo titular de la FGR “que incluso ha hablado en algunas reuniones de modificar la Constitución de la República”, para permitir la investigación independiente por parte de la entidad.


Dentro del anteproyecto, diseñado con asesoría de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), se crea la UAF para reemplazar la actual Unidad de Investigación Financiera (UIF), como parte de las recomendaciones del Gafic, que evaluará el combate al lavado de dinero en el país en 2021.


Hándal critica que, dentro de las atribuciones de la UAF, están la investigación, la judicialización y la sanción, “a pesar que la Constitución impone a la Fiscalía el monopolio de la investigación”, indicó. Con estas características, la UAF “podría hasta solicitar una extinción de dominio sin haberse comprobado una causa penal”.


Esta no es la primera vez que el FMLN se opone a la UAF. El 17 de mayo, durante la discusión del anterior anteproyecto de ley antilavado, Carlos Ruiz criticó que se busque dar autonomía a la UAF cuando debería, a su juicio, depender de la FGR.


El expresidente Salvador Sánchez Cerén vetó una reforma a la Ley Orgánica de la FGR para dar autonomía a la actual UIF, controversia resuelta por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia el 7 de febrero.