La compañía Alba Petróleos Sociedad de Economía Mixta (SEM) de Capital Variable, fue fundada a mediados de 2006 con el capital estatal de Venezuela y fondos públicos de alcaldías del FMLN.
En su último informe financiero, que corresponde al período de enero a diciembre de 2018, Alba obtuvo por primera vez un patrimonio de saldo negativo con $1,634,088.
El patrimonio de una empresa es negativo cuando todo lo que debe –sus pasivos– son superiores a todo lo que posee; ya sea a través de créditos, cuentas por cobrar y utilidades –sus activos–.
Al ser cuestionado sobre la rentabilidad de la compañía, el secretario del FMLN confirmó que el partido está “revisando el tema que tiene que ver con las alcaldías en esta alianza”, la cual, aseguró, “se formuló de manera legal y de acuerdo a los mandatos del Código Municipal”.
Ortiz evitó responder si recomendará a los alcaldes que forman parte de Alba que se salgan de la sociedad o pidan liquidar la empresa, y aseguró que “hay un campo de autonomía” y la consulta “debe hacerse con todo el respeto”
Las municipalidades del FMLN siguen siendo propietarias del 40 % de las acciones de la compañía; no obstante, para el dirigente efemelenista, “Alba Petróleos tendrá que ofrecer sus propias explicaciones” por la caída de su patrimonio; con el que le sería imposible saldar todas sus obligaciones financieras.
En su balance de 2017, las propiedades y cuentas de Alba aún eran positivas, con un monto de $431,430.38. Esto quiere decir que su patrimonio cayó $2,065,518, un equivalente de 478 %.
Líderes del FMLN reaccionaron a esta información aduciendo que contar con este margen de pérdidas en las propiedades de Alba “no es ilegal”, y que aquellos vinculados con esta sociedad son los que deben responder.
“No es ilegal, y me imagino que habrán algunas acciones que tomen para salir adelante”, aseguró Jorge Schafik Hándal, diputado del FMLN y miembro de la Comisión Política. Nidia Díaz, por su parte, consideró que los involucrados con la empresa son los que deben dar explicación.
Un abogado mercantil consultado por Diario El Mundo, explicó que si no se ha tomado una decisión judicial para disolver la empresa por parte de su Junta Directiva, “no se incurre en una ilegalidad”; pero existe la posibilidad que los accionistas comiencen a enfrentar la presión de sus acreedores, y deba tomarse la decisión de liquidar la compañía.