Editorial & Opinion

Frankestein maquillado

Benjamín Cuéllar / Defensor de Derechos Humanos

martes 3, marzo 2020 - 12:00 am

La noche del 13 de julio del 2016 fue doblemente paradójica para mí. Estábamos presentando el libro “Bajo amenaza”; interesante sobremanera y muy vigente, por cierto, pues trata sobre los grupos de exterminio en el país desde sus orígenes hasta entonces. El evento casi acababa cuando comenzó a sonar insistentemente mi teléfono. No podía contestar, obviamente. Al finalizar, algunas de las personas que nos acompañaban me hicieron caer en la cuenta del porqué tantas llamadas. En la tarde, la Sala de lo Constitucional había hecho pública su decisión de expulsar del cuerpo normativo nacional la infame amnistía aprobada el 20 de marzo de 1993 y los medios estaban “a la caza” de reacciones.

Paradójica noche, digo, porque cinco días antes de que ocurriera semejante aberración, la Comisión de la Verdad para El Salvador había presentado su informe público, dentro del cual se refirió a dichos grupos‒auténticos “escuadrones de la muerte” calificándolos como “los instrumentos más atroces de la violencia que conmovió al país durante los últimos años” que “actuaron con toda impunidad”. Con ese cochino trapo llamado amnistía cubrieron durante más de 23 años, tanto a los responsables materiales e intelectuales de esas actividades criminales como a sus cómplices y financistas; también a quienes participaron directa e indirectamente en otras atrocidades, sin importar el bando al que pertenecieran. La primera demanda de inconstitucionalidad contra esa ignominia la presentamos el 11 de mayo de 1993 y, de forma exprés, el 20 del mismo mes la declararon “improcedente”. Nueve días exactos: ¡un récord!

La segunda paradoja tiene que ver con el sitio adonde se llevó a cabo la presentación del citado texto: en un saloncito del Museo de Arte de El Salvador. ¿Por qué? Pues porque en este nuestro país no resulta extraño que‒parafraseando al entrañable Aute el arte, la poesía y la belleza sean extrañas palabras; más bien un conjuro en una tierra donde “cualquier cerdo es capaz de quemar el Edén por cobrar un seguro”. Y bien sabemos, aunque suene duro, adonde se encuentra su mayor chiquero.

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A dos décadas justas de aprobada esa amnistía presentamos la última y definitiva demanda de inconstitucionalidad; logramos nuestro cometido tres años, tres meses y 23 días después. Y allá donde ustedes seguramente saben tardaron tres años, ocho meses y 13 días ‒más tiempo del ocupado por la Sala de lo Constitucional en resolvernos para tramar otra de hecho, independientemente de lo que digan un par de “extrañas voces” que “se oyeron” por ahí. Porque más allá de su pomposo nombre “Ley especial de justicia transicional, reparación y reconciliación nacional” no es más que eso: una nueva amnistía para volver a premiar a los victimarios y castigar a sus víctimas.

Se tardaron al inicio porque quisieron hacerse los “pen… santes”; luego porque, pese a que sabían lo que harían, no hallaban cómo hacerlo. Así, se dedicaron a realizar burdos ejercicios cosmetológicos con productos Avon primero para luego pasarse a L’Oréal y terminar con Max Factor.


Pero ya fue vetada. Ahora, Nayib Bukele debería primero como comandante general de la Fuerza Armada ordenar que ubiquen y hacer públicos archivos militares de antes y durante la guerra, recuperar los que hayan sido sustraídos y reconstruir oralmente‒con la mayor cantidad posible de sus integrantes durante esos azarosos años la historia de las atrocidades ocurridas para, así, exigir con solvencia que haga lo mismo la exguerrilla. Asimismo, hay que garantizar los fondos para apoyar desde ya a las víctimas.

Además, debería crear mediante un funcional y eficaz grupo de trabajo por la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición que ‒entre sus principales tareas‒ contemple elaborar una propuesta de ley para promover y alcanzar la dignificación de todas las víctimas de antes y durante el conflicto armado; impulsar para ello una real y amplia consulta, diáfana y del todo incluyente, a fin de asegurar que dicho proyecto cuente con el sólido beneplácito de estas antes de su presentación en el parlamento mediante la iniciativa de ley presidencial a través de sus ministros; y entregar al titular del Ejecutivo, fruto de la mencionada consulta, las propuestas de las necesarias políticas públicas para que en la práctica se cumpla la nueva normativa.

Yo le daría un año para hacer bien la plana y evitar que ocurra de nuevo en la Asamblea Legislativa lo que ocurrió durante los últimos más de tres años, adonde hicieron lo que dicen que dijo el recordado Guillermo Manuel Ungo al momento de negociar los “acuerdos de paz”: maquillar a Frankenstein para que participe en el concurso de miss universo.




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