Desde los gobiernos militares de 1931 hasta el golpe de estado contra el General Humberto Romero en 1979, la participación de las Fuerzas Armadas en la cadena de fraudes electorales característicos de siglo XX sobrepasaron cualquier limite. Después de cada golpe de estado se prometían elecciones libres para apaciguar el descontento social, pero volvían al primer plano acciones represivas contra opositores políticos y militares asumían nuevamente el control de todos los ámbitos del país.
Un rasgo característico de las Fuerzas Armadas en nuestro continente ha sido su permanente intervención en la vida política nacional con graves consecuencias en materia de derechos humanos. Es imposible en la historia de nuestros países hablar de Fuerzas Armadas sin vincularlo a los conceptos de autoritarismo y militarismo, entendido éste como el control de los militares sobre los civiles, así como la penetración de los intereses de carácter militar en el tejido social. La concepción del militarismo es superada por el concepto de militarización del Estado, es decir, la fusión de los aparatos represivos en toda la estructura y aparataje de dominación política.
Doce años de confrontación armada dejaron claro que, pese a un aparato militar de 60 mil hombres uniformados y el respaldo financiero y político del gobierno de los Estados Unidos, el conflicto no se resolvería por la vía militar. En las negociaciones para la firma de los Acuerdos de Paz las Fuerzas Armadas fueron reducidas a la mitad de sus efectivos y reculadas nuevamente al redil constitucional que las mandata a mantenerse al margen del ámbito político.
Gobiernos de ARENA y FMLN son responsables de haber llevado a las Fuerzas Armadas nuevamente a funciones en seguridad pública. Sorteando las limitaciones constitucionales, gradualmente fueron saltando la excepcionalidad y temporalidad reguladas para utilizar efectivos militares en tareas ajenas a su mandato de proteger la soberanía y territorio, normalizando su rol en acciones contra la delincuencia justificando su necesidad para combatir a grupos pandilleriles.
La cada vez más beligerante intervención de efectivos militares nunca permitió a la PNC desarrollarse y fortalecerse plenamente en su mandato de garantizar la seguridad de la ciudadanía. Tuvo consecuencias también el que se hayan negociado cuotas en la nueva PNC de efectivos tanto de la ex guerrilla como de las Fuerzas Armadas, incluyendo integrantes de los disueltos cuerpos de seguridad a los que pertenecen los que ahora están al frente del cuerpo policial.
Ahora, fuerzas militares contienen y coaccionan a cualquier persona o autoridad que se considere opositor político y operan como entidades exclusivamente leales a la Presidencia. En el contexto electoral, aliados políticos y sectores progubernamentales actúan con la seguridad de que cuentan con el apoyo de fuerzas policiales y militares para amedrentar a funcionarios que cumplen con su deber o a quien proteste contra políticas de gobierno.
En Estados Unidos, un presidente que se niega a reconocer que perdió su reelección no resistía la tentación de imponerse utilizando a las Fuerzas Armadas. El jefe del Estado Mayor respondió que “No juramos a un rey o reina, un tirano o dictador, a ningún individuo, a ningún país, tribu o religión. Hacemos un juramento a la CONSTITUCIÓN”. Lejos estamos en El Salvador para que el Ministro de Defensa o la Dirección de la PNC hagan valer sus deberes por sobre órdenes contrarias a la ley.
También acá un presidente habla, sin prueba alguna, de fraude electoral, anticipándose al escenario de resultados que contrariasen su meta de controlar el poder legislativo. ¿Qué esperar de efectivos policiales y militares leales exclusivamente al poder ejecutivo para respetar o hacer respetar la voluntad popular si ésta no favoreciera al presidente? Es hora de abordar seriamente esto y activar blindajes necesarios para evitar repetir la historia a partir de no haber aprendido de ella. Después, podrá ser demasiado tarde.