Declarar el patrimonio ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) es obligación para los servidores públicos, según el artículo 240 de la Constitución de la República.
También, la "Ley sobre el enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados públicos" establece en el artículo 3, que "deberán rendir por escrito declaración jurada del estado de su patrimonio" dentro de un plazo de 60 días después que tomen posesión en el cargo.
El magistrado Leonardo Ramírez Murcia afirmó, en una entrevista reciente a radio Sonora de El Salvador, que algunos servidores públicos "entregaron extemporáneamente" declaraciones patrimoniales según el informe que solicitó a Probidad, en enero de 2021.
Han entregado sus declaraciones (...) yo he pedido el registro, un informe a probidad y se me dice entregaron todos extemporamentame". Leonardo Ramírez Murcia, magistrado de la CSJ.
Aunque la ley sobre enriquecimiento ilícito establece que poseen un plazo de 60 días para realizar las declaraciones patrimoniales correspondientes, la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) presentó un informe el 28 de febrero de este año, en el que detalla que 1,160 funcionarios públicos no presentaron su declaración patrimonial entre el 1 de junio y el 27 de enero de 2021, informó la Corte, pese a que debían declarar sus bienes por orden de la Ley sobre el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
Sin embargo, el magistrado Ramírez Murcia aseveró que, hasta enero de 2021, todos los funcionarios públicos que tomaron posesión rindieron las declaraciones patrimoniales de forma extemporánea.
Hoy en enero fue que pedí ese informe me dicen todos los funcionarios que tomaron posesión han rendido sus declaraciones de entrada". Leonardo Ramírez Murcia.
Al cuestionarlo si hasta la fecha no hay ninguna declaración pendiente, aseguró que no podía afirmar si existían declaraciones pendientes de presentar. Explicó que, si se han realizado cambios a finales de enero por nombramientos o renuncias recientes, ellos serían los únicos en estar pendientes a presentar su declaración.
El informe reportado por Fusades indicó que, de los funcionarios entrantes, 96 funcionarios han cesado en el cargo durante los últimos 3 años sin haber presentado la declaración jurada de patrimonio de cese de funciones; la Corte Suprema alegó que no ha impuesto sanciones por la pandemia covid19, ya que “se suspendieron los plazos procesales”.