Pese a que el gasto público muestra una desaceleración este 2019, aún representa mayor peso frente a los ingresos que recibe el Gobierno y ejercerá presión para que el déficit fiscal cierre este año en 3.3 %, advirtió este martes la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde).

El tanque de pensamiento presentó su evaluación económica y fiscal de 2019 y anunció que, usando las estadísticas oficiales del Gobierno, prevé que el déficit fiscal de 2019 llegue al 3.3 % del Producto Interno Bruto (PIB). Esta es una proyección superior en dos décimas al pronóstico del Ministerio de Hacienda, explicó Rommel Rodríguez, analista de Funde.

“Si el déficit va creciendo, para cubrirlo tenemos que endeudarnos más y si nos endeudamos más, tenemos que recurrir a pagar un mayor servicio de la deuda, dentro en los cuales está incorporado el pago de intereses”, indicó el analista.

El déficit fiscal resulta cuando los compromisos de pago de un Gobierno son mayores que sus ingresos. En el caso de El Salvador, explicó Rodríguez , el gasto público “se enfrió” este 2019 y crece a un 4.5 % frente al 9.9 % que incrementó durante 2018.

En tanto, la principal fuente de financiamiento del Gobierno es la carga tributaria y muestra un dinamismo en línea con la meta del presupuesto de 2019. Sin embargo, lo hace con “un crecimiento regular” al llegar a $4,543.2 millones a noviembre pasado cuando el Ministerio de Hacienda previa que fuera de $4,455.7 millones. Funde estima que los ingresos por impuestos crezcan “al menos un 2 %” al cierre del año.

Al comparar la carga tributaria como representación del PIB, se observa que este año alcanzará un 17.85 %, inferior comparado al 18.30 % de 2018 y el 18 % de 2017. Por lo tanto, indicó, si bien hay una desaceleración del gasto público “aún está creciendo más que los ingresos e incrementará el déficit de 2019”.

Funde estimó que la deuda pública, incluyendo los Certificados de Inversión Previsional (CIP) de la serie A, llegue al 70.5% del PIB en 2019. La venta de CIP A permite al Estado obtener dinero para pagar las pensiones del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y las del Instituto Nacional de Empleados Públicos (INPEP). La ley establece que para comprar CIP A, las AFP no pueden usar más del 45 % de los ahorros que custodian.

Si se cuentan los compromisos de los CIP B, recursos que obtiene el Estado para pagar la pensión mínima que otorga a las personas que migraron a las AFP cuando se agotan sus ahorros, el saldo de la deuda superará el 76 %.

“La deuda pública seguirá al alza, pasando del 70 % del PIB. Una de las presiones más alta de la deuda pública proviene del pago de interés de la misma. Si crece, por lo tanto, los intereses serán mayores”, indicó Rodríguez.