La Fundación Salvadoreña de Desarrollo Económico y Social (Fusades) reiteró ayer su advertencia que el presupuesto de 2021 aumenta el riesgo país y la probabilidad de caer en impago por la sobreestimación de ingresos.
Fusades, al igual que otros tanques de pensamiento como Funde y el ICEFI, advirtió desde que el Ministerio de Hacienda presentó el anteproyecto del presupuesto de 2021, en septiembre del año pasado, que el documento contenía una sobreestimación de ingresos y omisión de gastos por hasta $924.5 millones.
Pese a estos señalamientos, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron la propuesta del Ejecutivo sin modificar los ingresos, aunque cambiaron algunos rubros de gastos.
Para Fusades, el presupuesto es inconstitucional al no cumplir el principio de equilibrio fiscal y es responsabilidad compartida de ambos órganos del Estado porque “descuidaron elementos relacionados con la institucionalidad, la sostenibilidad fiscal y el bienestar y desarrollo de las personas”.
“La aprobación de este presupuesto aumenta el riesgo país y la probabilidad de impago, lo que genera inestabilidad económica y social. No es un presupuesto para el desarrollo económico y social con inclusión”, advierte la Fundación en una nota publicada ayer.
En riesgo inversión social.
Para la institución, los límites de recursos a los que pueda enfrentarse el Estado salvadoreño por la sobreestimación de ingresos ponen en riesgo la inversión social prevista para 2021.
Sin tomar en cuenta los fondos para pensiones se plantea destinar cuatro de cada $10 para el presupuesto de desarrollo social en las áreas de educación, ciencia y tecnología (42.8 %), y salud (un 33 %).
La pandemia del covid-19 acentuó las problemáticas referidas al rezago en aprendizaje y las desigualdades en acceso a la educación, además del desarrollo local y pobreza. |
“Aunque los incrementos en inversión social son deseables, por sí mismos no constituyen una garantía. Prevalece el desafío de lograr un balance entre atender necesidades sociales y la frágil situación financiera del país. Al respecto, el Presupuesto de la Nación 2021 tiene graves distorsiones y debe rehacerse”, destaca en su nota.
En el presupuesto para el desarrollo social sin pensión se espera invertir $3,142.1 millones en 2021 y equivale al 42.2 % del Producto Interno Bruto (PIB). La cifra plantea un incremento de $627.5 millones contra los $2,514.6 (el 39.1 % del PIB) de 2020.
Los mayores incrementos se observan en el rubro de educación al pasar de un presupuesto de $1,039.2 millones en 2020 a $1,345.9 millones en 2021, un alza de $306.6 millones.
El segundo rubro de mayor incremento es salud. El presupuesto planteado para 2021 es de $1,037.6 millones y equivale a $279.7 millones adicionales a los $757.9 millones registrados en 2020.
También se incrementa el presupuesto para los gobiernos municipales (sube $57.4 millones), y la cartera de Cultura ($1.5 millones adicionales). Baja la asignación para Presidencia (-$1.3 millones), Vivienda (-$1 millón), desarrollo local (-$900,000), FISDL (-$14.5 millones).
5 desafíos que ponen en duda la idoneidad de la inversión social en 2021
- Factibilidad y sostenibilidad: La Fundación advierte que en un contexto de reactivación económica con recaudación fiscal limitada y alto endeudamiento se pone en riesgo la capacidad para realizar las inversiones sociales.
- Falta de claridad en prioridades: Considera que es clave cuestionar en qué se invertirá y si se establecieron objetivos realistas y alcanzables. Afirma que el presupuesto “deja desatendidas” áreas impactadas por la pandemia.
- Sin criterios de inversión: Fusades dice que se desconoce si existen criterios de factibilidad, costo-eficiencia y focalización. Por ejemplo, si los hogares cuentan con acceso a energía eléctrica para recibir computadoras.
- Dispersión de recursos: Advierte que existe una duplicidad e ineficiencia en el gasto público para la administración y dirección institucional. Diferentes instituciones abordan una misma temática.
- Sin planes y rendición: No se conocen planes que fundamenten la inversión social como el Plan de Desarrollo Social, el de Educación y Salud. Tampoco hay transparencia ni rendición de cuentas para evaluar la eficiencia.