Fusades reconoció que el Estado está facultado para verificar el cumplimiento de la ley en áreas como trabajo, salud e impuestos, recordaron que está obligado a respetar los derechos de los inspeccionados y de los trabajadores.
Señaló que el Órgano Ejecutivo no tiene más facultades que las que le otorga expresamente la ley y solo puede ejercerlas para los propósitos que fueron creadas. “Cualquier actuación que exceda dichos propósitos es ilegal y acarrea responsabilidades jurídicas para los funcionarios en su calidad personal y para el Estado de forma subsidiaria”, advirtió Fusades.
La Fundación sugirió que el Gobierno explique cómo decide a qué empresa inspeccionar, las razones de selección y, si emite sanciones, como el cierre de un establecimiento comercial, informar el motivo.
También sostiene que el Estado, tanto en los procedimientos administrativos como judiciales, debe “garantizar el debido proceso, brindando la oportunidad de defensa” y “aplicar las sanciones respectivas cuando corresponda, conforme con derecho”.