"Lo anual en gran medida... Las restricciones de derechos deben ser necesarias, idóneas y proporcionales, pero no pueden anular por completo un derecho", reza la posición institucional de Fusades.
Fusades ha advertido que a los ciudadanos no se les está entregando la información solicitada y que el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), ante el cual interponen apelaciones, no puede resolver ante la negativa de la entrega de información.
La Asamblea Legislativa prorrogó el decreto 593 de emergencia nacional sin modificar la suspensión de los plazos administrativos, lo que ha provocado que las instituciones estatales no cumplen con el plazo de 10 días para responder a una solicitud de información.
"Se hubiera esperado que el Ejecutivo y el Legislativo rectificaron y en los nuevos decretos no suspendieran los plazos y establecieran medidas para que los ciudadanos puedan ejercer el derecho de acceso a la información", indica la institución.
Fusades señala que países como Argentina y Brasil, que iniciaron poniendo obstáculos al acceso a la información, han tenido que dar marcha atrás por resoluciones judiciales.
La institución también señaló que entregar los informes con contenido irrelevante o de manera incompleta vulnera el derecho a la información e incumple la obligación de los funcionarios de rendir cuentas, respecto a un informe inicial del Ministerio de Obras Públicas entregado a la Asamblea Legislativa.