El fiscal general de la República, Raúl Melara, también manifestó algo similar: “Yo como fiscal general no voy a permitir que se dé fraude. La voluntad popular debe ser respetada”, expresó el fiscal.
Ambas expresiones son fundamentales para el proceso electoral en El Salvador. Desde 1982 que se reactivó la democracia con la elección de una Asamblea Nacional Constituyente, todos los procesos electorales salvadoreños se han caracterizado por la transparencia de sus resultados. Y aunque siempre ha habido voces inconformes y denuncias sobre algunas anomalías, nunca han sido significativas para poner en peligro la justicia de los resultados.
Es importantes que no se inyecte desconfianza en el proceso, que no se interprete antojadizamente la ley o se quiera imponer voluntades fuera de ella. No hay razones hasta ahora para desconfiar del proceso electoral y cada vez que ha habido voces en ese sentido, la transparencia del proceso se ha encargado de acallar esas voces.
Lo que es importante es aportar los recursos para que tanto el TSE como la Fiscalía realicen sus labores. La Fiscalía ha demostrado en eventos anteriores ser un garante categórico de los procesos electorales y esta vez genera mucho mayor confianza que la Policía Nacional Civil, que con un actuar bastante inusual, ha intervenido en disputas políticas de manera parcial, desnaturalizando su misión constitucional. No hay que inyectar desconfianzas ni inseguridades.