Fiscalía había pedido detención contra el exdiplomático. / DEM


El general Atilio Benítez enfrentará el proceso judicial en libertad, luego que la Cámara Primera de lo Penal, de la Primera Sección del Centro, lo enviara a la etapa de instrucción con medidas alternas a la detención provisional.

El también exministro de la Defensa Nacional es acusado por los delitos de comercio y depósito ilegal de armas de fuego, actos arbitrarios y estafa agravada. Según la Fiscalía General de la República (FGR), el militar dirigió una red criminal en la Dirección de Logística del Ministerio de Defensa que se dedicaba a la comercialización de armas de fuego y armas de guerra inscritas ilegalmente. Dicha estructura la conformaron oficiales, notarios y personas particulares que comercializaban las armas para su beneficio económico.

Además, señala que Benítez habría manipulado las fechas en la documentación de solicitud de registro de 29 armas para acogerse de la aprobación de un decreto legislativo para matricular las armas en un período de 45 días.

El 2 de junio del 2016, el Ministerio Público pidió a la Asamblea Legislativa iniciar un antejuicio contra Atilio Benítez para quitarle el fuero constitucional que lo protege contra procesos judiciales. A partir de ello, la Asamblea creó una comisión de antejuicio que se encargara de la solicitud. El 4 de octubre de ese mismo año, los diputados de la Comisión verificaron que cinco de las 29 armas, que supuestamente fueron matriculadas ilícitamente por el general Benítez, estaban en el museo de la Fuerza Armada.

Meses más tarde, específicamente el 5 de diciembre, Benítez fue desaforado con 43 votos de los diputados de la Asamblea Legislativa. Toda la bancada del FMLN objetó la decisión de desaforar al exministro.

Con la resolución de la Cámara, el acusado, también exembajador de El Salvador en Alemania, deberá presentarse una vez al mes para firmar, no salir del país sin permiso y no cambiarse de domicilio; de lo contrario, ordenarán capturarlo.

El período otorgado a la Fiscalía es de seis meses para que robustezcan la investigación contra Benítez.