A esto se suma la necesidad imperiosa de más recursos para la contratación y pago de personal médico y de enfermería que se va a sumar a la planilla autorizada en el presupuesto general de la nación.
Todo esto suma grandes cantidades de dinero público, el cual debe ser escrutado y el gasto aprobado por una mayoría parlamentaria que tiene mucho que decir al respecto, pues esta es su misión constitucional.
El balance justo entre necesidades colectivas, ejecución de medidas y aprobación justificada de estas, es el factor que hará posible que no solo la salud de los habitantes salga avante de la crisis, sino que también la salud de la democracia y el estado de derecho se mantengan incólumes.
Ciertamente pedir rendición de cuentas y transparencia es correcto, pero también hay que evitar que nos llenemos de trabas burocráticas y políticas en esta emergencia.
Avanzar en la lucha contra esta enfermedad, prevenir la proliferación de casos y brindar respuesta oportuna y transparente a las necesidades de colectividad es lo que se requiere de todos los órganos estatales.
Pueden y deben hacerlo, sin exabruptos ni buscando réditos políticos a futuro, al final, es la vida de todos lo que está en juego, nada más y nada menos.