El secretario jurídico de la Presidencia, Conan Castro, acusó a la magistrada presidenta de la Corte de Cuentas de la República, Carmen Elena Rivas, de presentar un informe "distorsionado". Las declaraciones surgen después que la entidad señalara la falta de información para hacer sus auditorías en el Hospital de Especialidades del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (Cifco).

"Qué raro que la presidenta de la Corte de Cuentas recibió unas cuantas cajitas de la transparencia del gobierno anterior, sin mayor control. Ahora que tenemos hasta la Cicies (Comisión contra la Corrupción e Impunidad en El Salvador), sale con un informe distorsionado", escribió Castro en su cuenta de Twitter.

Un equipo de 10 auditores de la Corte de Cuentas entregó un informe de su "Plan de fiscalización de los recursos utilizados en la emergencia nacional por la pandemia de COVID-19" a la Asamblea Legislativa.

El documento, firmado por la presidenta de la Corte, detalla que el ente contralor no está recibiendo toda la información necesaria para tres de sus auditorías: la del hospital en Cifco, la entrega del subsidio de $300 y las donaciones administradas por la emergencia.

Esto contradice las declaraciones del presidente de la República, Nayib Bukele, en las que justificó la postura del Gobierno de no remitir informes detallados de gastos a la Asamblea Legislativa, argumentando que es competencia de la Corte de Cuentas examinar "factura por factura".

Horas antes de la publicación, Castro señaló en la entrevista matutina de OrbitaTV que para la Presidencia "es importante transparentar el uso de fondos, sobre todo de la emergencia", una labor "que está realizando la Corte de Cuentas y donde también está involucrada la Cicies".

¿Qué información falta?

La primera observación en el documento es que el ministro de Salud, Francisco Alabí, fue nombrado como “enlace” con el equipo de auditores que supervisa Cifco, pero fue destituido de ese rol sin que el equipo recibiera información de quién lo sustituye.

En cuanto a Obras Públicas, se señala que la falta de entrega de información expedita ha generado limitantes incluso para tener conocimiento sobre los aspectos auditados.

"El acceso irrestricto a la información se vuelve fundamental en este tipo de examen, por la celeridad con la que se están realizando los procesos", sobre todo al consultar directamente con administradores de contrato y supervisores, pero "los esquemas de centralización de la información afectan la obtención oportuna de los datos", revela el documento.

En el caso de la distribución del subsidio de $300 para 1.2 millones de familias, la Corte de Cuentas realiza otro examen especial en el que da cuenta de 100,000 personas "que por el momento se desconoce cómo fueron seleccionados". El monto equivale a unos $30 millones.

La Corte de Cuentas reveló además que las instituciones públicas no tienen “control absoluto sobre todas las donaciones nacionales e internacionales” en el marco de la emergencia; debido a que muchas son entregadas directamente a albergues u otras entidades “sin que esta sea recopilada y centralizada” por el Gobierno.

En la entrevista de FocosTV, la magistrada Rivas matizó que la responsabilidad podría recaer en "mandos medios", aunque haya "toda la disposición de la presidencia".

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