El Gobierno anunció que el FMI volverá a revisar el dinamismo económico de El Salvador.


El Gobierno de El Salvador anunció que el Fondo Monetario Internacional (FMI) volverá a revisar el desempeño de la economía nacional, mientras continúan las negociaciones para un eventual programa fiscal.

A través de un comunicado en conjunto entre el Banco Central de Reserva (BCR) y el Ministerio de Hacienda, el Ejecutivo trató de tranquilizar el mercado de inversionistas que desde hace siete días degrada el precio de los bonos salvadoreños ante la incertidumbre generada por la Ley Bitcoin, reformas constitucionales y la falta de claridad si habrá un acuerdo con el FMI.

Sin detallar fechas, el Gobierno indicó que el FMI realizará en los próximos meses una nueva consulta al Artículo IV con El Salvador, una revisión periódica del desempeño económico que realiza con todos sus países miembro.

Señaló también que “continúan con las negociaciones sobre un potencial programa de financiamiento con dicho organismo, cuyos objetivos siguen siendo fomentar el crecimiento inclusivo, asegurar la estabilidad financiera y la sostenibilidad del país”.

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El anuncio de la consulta se da siete días después que el precio de los bonos salvadoreños comenzó a caer en el mercado internacional. La baja inició el 7 de septiembre, cuando entró en vigencia la Ley Bitcoin, pero inversionistas consultados en ese momento por el sitio especializado Bloomberg aseguraron que están más preocupados por las tensiones políticas y la falta de un acuerdo con el FMI.

Por su lado, el Gobierno defendió en su comunicado que las “diferentes medidas de política fiscal” que se impulsan y el crecimiento económico proyectado, de hasta 9 % para 2021, permitirán “fortalecer las finanzas públicas”.



Esta sería la segunda revisión a la economía salvadoreña que realiza el FMI en 2021. La primera inició el 6 de abril pasado en formato digital, como un preámbulo para un programa fiscal; sin embargo, tanto el Fondo como el Gobierno no detallaron los resultados de esas reuniones, que suelen informarse en comunicado al cierre de la consulta.

El Gobierno salvadoreño confirmó en marzo que negocia un programa de Facilidad de Servicio Ampliado (SAF, por sus siglas en inglés) con el FMI por hasta $1,300 millones, clave para realizar un ajuste fiscal que permita corregir las finanzas públicas deterioradas aún más por la pandemia.

La propuesta del Gobierno, difundida por las calificadoras de riesgo, era realizar un ajuste fiscal 4 % del Producto Interno Bruto (PIB), 2 % a través de reducciones en el gasto y otro 2 % por aumento en los ingresos.

Dichas negociaciones sin embargo se comenzaron a demorar cuando la nueva Asamblea Legislativa destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general. El proceso volvió a retrasarse cuando se aprobó la Ley Bitcoin, aunque el FMI y el Ministerio de Hacienda reiteraron en varias ocasiones que se mantenían.