El Gobierno mexicano ha afirmado este jueves que la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa hace hoy cinco años es un caso de desaparición forzada a manos del agentes del Estado y, por ello, ha anunciado que la próxima semana se citará a declarar a los funcionarios y responsables políticos que estuvieron a cargo de la investigación.

Así lo ha declarado el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Ministerio de Interior), Alejandro Encinas, que junto al nuevo jefe de la investigación, Omar Gómez, y al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha comparecido en la rueda de prensa diaria para anunciar un nuevo impulso a las pesquisas.

Encinas ha explicado que actualmente hay dos líneas de investigación: la búsqueda en vida y la búsqueda del "destino final". "Vamos a hacer todo nuestro esfuerzo para conocer la verdad", ha dicho. Interrogado sobre cuánto tiempo durará esta renovada investigación, ha contestado: "Cuando la tengamos".

Por su parte, el fiscal especial para el caso Ayotzinapa ha anunciado que "se llamará a todos los implicados del ámbito municipal, estatal y federal" para que declaren sobre las investigaciones realizadas en su momento. "La próxima semana (se citará a) el ex gobernador, ex procurador y ex secretario de Seguridad, ha avanzado.

Entre los citados destaca el ex jefe de la Procuraduría General de la República (PGR) Jesús Murillo Karam. "Ha mostrado su disposición y, lo más curioso, es que en sus declaraciones ha dicho que nunca dijo que todos estuvieron en el basurero", ha destacado Encinas. "No se trata de un matiz, se trata de una muestra más de que su verdad histórica no estaba sustentada", ha subrayado.

López Obrador, que ya anunció que la investigación comenzaría de cero, ha reiterado su llamamiento "a los implicados (en el caso) a que ayuden", recordando que tendrán una "retribución económica" --1,5 millones de pesos para quienes den información útil y 10 millones por el paradero del supuesto secuestrador Alejandro Tenesco--.

Sin embargo, López Obrador ha incidido en que el caso Ayotzinapa "va más allá de un ilícito". "Es un proceso fundamental de Justicia, Derechos Humanos, de las instituciones del Gobierno. Quienes ayuden no solo tendrán esta retribución económica, sino que es una ayuda para la nación", ha destacado.

CERCA DE LAS FAMILIAS

López Obrador ha anunciado además que se reunirá cada dos meses con los padres de los 43 'normalistas' para informarles sobre los avances de la investigación. "Y no quiero que sean reuniones de todo el sexenio, (quiero) que sean pocas, con este caso resuelto", ha apostillado.

AMLO, como le ha bautizado la prensa mexicana, ya se ha reunido con las familias de los jóvenes desaparecidos, que denuncian que fueron marginadas por el anterior Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018).

En un nuevo gesto de apoyo, López Obrador, así como Encinas y Gómez, han lucido una camiseta reivindicativa del caso Ayotzinapa. El presidente mexicano ha explicado que se las dieron los padres de los 43 'normalistas' en su reciente encuentro. "Me pidieron que me la pusiera y me la puse", ha contado.

"VERDAD HISTÓRICA"

Por otro lado, el representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, ha reclamado una auténtica investigación, denunciando que la anterior "sigue dañada por años de irregularidades y acciones de encubrimiento cometidas por las instituciones del Estado mexicano en el pasado, en el afán de construir y defender la desacreditada verdad histórica".

Jarab ha pedido en concreto a las autoridades mexicanas que no usen como prueba ninguna declaración que haya sido obtenida bajo tortura y que rescaten todas aquellas que puedan servir para dar con el paradero de los estudiantes de magisterio.

El emisario de la ONU ha lamentado que el caso Ayotzinapa pone de manifiesto los desafíos a los que se enfrentan quienes intentan conseguir Justicia en México, según informa el diario local 'El Universal'.

EL CASO AYOTZINAPA

Los 43 estudiantes de magisterio de la Escuela 'Normal' de Ayotzinapa desaparecieron la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en el vecino municipio de Iguala a su regreso de una protesta contra las autoridades locales.

La versión oficial es que fueron sorprendidos por la organización criminal Los Rojos, como parte de un ajuste de cuentas entre grupos rivales, y que los sicarios los mataron e incineraron y se deshicieron de sus restos en el basurero de Cocula.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y forenses argentinos que participaron en las pesquisas han desmontado esta teoría y han apuntado que el sucesor podría estar relacionado con el tráfico de drogas en la región. Las autoridades no han investigado esta vía.