También criticó un fallo emitido la semana pasada por una corte federal del distrito de Columbia (DC) que detuvo la implementación a nivel nacional de un programa de deportaciones aceleradas (expedited removal), que opera hasta 100 millas de la frontera e impacta a inmigrantes indocumentados que llevan menos de 14 días en el país. De acuerdo a la propuesta de Trump, los arrestados podían ser expulsados del país sin derecho a ser presentados ante una corte de inmigración.
La Casa Blanca dijo que los fallos judiciales son “impactantes” y le atan las manos al gobierno para “hacer cumplir las leyes de inmigración aprobadas por el Congreso”, informó la cadena Univision.
“Para tener un sistema de inmigración legal en funcionamiento que sirva a los intereses nacionales de Estados Unidos, debemos tener reglas, leyes, condiciones y procedimientos para ingresar al país, y la violación de estas leyes y reglas deben hacerse cumplir”, continúa la respuesta del gobierno, citando una frase atribuida a Trump.
El gobierno añade que el presidente “está trabajando incansablemente para restablecer la aplicación de nuestras leyes de inmigración tal como se promulgaron”, pero advierte que este esfuerzo está siendo afectado por “decisiones judiciales activistas” que “restringen a la Administración” la implementación de la ley federal.
Las críticas de la Casa Blanca también abarcan un quinto dictamen emitido en septiembre por un juez federal de California, que prohibió al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) emitir órdenes de arresto de inmigrantes a partir de las bases de datos de cárceles locales.
El fallo del juez André Birotte Jr., de la corte del Distrito Central de California, advirtió que la información almacenada puede estar incompleta o con errores.
Birotte tampoco permitió que ICE ordene retener a migrantes que son liberados de cárceles en localidades que no han autorizado a la policía a colaborar con los agentes de inmigración, conocidas como “jurisdicciones santuario”.
De igual forma, el juez federal George Daniels, de la corte federal de distrito de Manhattan, Nueva York, emitió un dictamen de 24 páginas en el que calificó la norma de carga pública como una desviación innecesaria de los procedimientos establecidos durante “más de un siglo”, decisión también criticada.
Otros dos jueces, uno de California y otro Washington, emitieron fallos similares prohibiendo la entrada en vigor de la medida bajo los mismos argumentos.
Caravana de migrantes reprimida en México
Una nueva caravana de casi 3,000 migrantes comezó a disgregarse bajo presión de fuerzas de seguridad mexicanas, que agredieron a algunos de los extranjeros que la componían, según denunció el activista Luis García Villagrán; mientras el gobierno de Andrés Manuel López Obrador afirma que actuó con respeto a los derechos humanos, informó La Opinión de Los Ángeles.
Después de estar varados más de seis meses y cansados de los engorrosos procesos de migración, estos migrantes salieron del parque central de Tapachula, en el estado suroriental de Chiapas, con las pocas pertenencias que los acompañan.
Luis García Villagrán, abogado y activista por los derechos de los migrantes, quien les ha ayudado en sus trámites de solicitud de refugio, dijo que este éxodo comenzó a disgregarse porque un grupo se adelantó rumbo al municipio de Huixtla mientras que otros, principalmente mujeres y niños, se quedaron rezagados y fueron interceptados por dos centenares de agentes de las fuerzas de serguridad.