El ministro Nelson Fuentes participa en Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa para exponer un contrato de préstamo por $250 millines con el BID. Foto cortesía.
El Ministerio de Hacienda entregó a la Asamblea Legislativa una solicitud para que autorice la negociación de un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por $250 millones para apoyar las finanzas públicas durante la pandemia de COVID-19.
La pieza de correspondencia ingresó el pasado 6 de mayo a iniciativa del ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, y busca permitir endeudamiento por $250 millones para "apoyar los esfuerzos y acciones del prestatario (el Gobierno) para contener la crisis sanitaria derivada del COVID-19, con miras a restaurar la estabilidad macroeconómica y la sostenibilidad fiscal".
El contrato de préstamo, denominado "Programa de Emergencia para la Sostenibilidad Macroeconómica y Fiscal", servirá de apoyo presupuestario en el marco del decreto legislativo 608, aprobado el 26 de marzo. Este decreto permite la emisión de títulos valores y firma de créditos por $2,000 millones para financiar el Fondo de Emergencia, Recuperación y Reconstrucción Económica del país.
Según Fuentes, los $250 millones del BID serán destinados para reducir el déficit fiscal y "mantener una economía competitiva y transparente", con la compra de medicamentos, equipo hospitalario y suministros médico hospitalarios.
El plazo del préstamo es de solo siete año a partir de la fecha de suscripción del crédito, con 3 meses de período de gracia. La tasa de interés estará basada en LIBOR, más un margen de 1.15 % en pago de cuotas semestrales.
¿Cuánto dinero ha conseguido el Gobierno para la pandemia?
La Asamblea Legislativa ha aprobado al Gobierno un total de $3,000 millones para el manejo de la crisis económica y sanitaria, $2,000 millones de estos en una primera fase para el Fondo de Emergencia, y $1,000 millones para un plan de salvataje económico para las empresas.
De estos $2,000 millones, el Gobierno solo ha conseguido suscribir un contrato de $389 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) –cuya incorporación no ha sido aprobada por el congreso aduciendo falta de transparencia–; y $20 millones con una subsidiaria del Banco Mundial, aún en proceso de ley.