El Gobierno propuso la creación de un sistema nacional para atender a víctimas de desplazamiento. / DEM
La Dirección Nacional de Atención a Víctimas y Migración Forzada del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública propuso ayer que la ley especial para la prevención y protección de víctimas de desplazamiento forzado sea financiada con el impuesto a la telefonía.
La propuesta sugiere que la nueva normativa sea financiada con el 25% de los fondos asignados al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública producto de ese impuesto.
El director de Atención a Víctimas y Migración Forzada, Henry Flores, dijo que el Gobierno también propone la creación de un registro único de personas desplazadas por violencia en coordinación con varias carteras de Estado para atender esta problemática.
El funcionario contó que desde el 1 de enero de 2019 hasta ayer, la dirección reportó la atención de 376 casos de desplazamiento forzado que se traducen en 1,504 personas afectadas.