La Organización de Estados Americanos (OEA) iniciará la próxima semana el trabajo de campo con las instituciones del país relacionadas con el combate a la corrupción para empezar la operación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (Cicies).
La canciller de la República, Alexandra Hill, y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, se reunieron ayer en Washington para firmar un segundo convenio de cooperación con el fin de “sentar las bases” de la Cicies, explicó la funcionaria salvadoreña.
“Ya estuvieron ellos firmando una carta de intención el día 6 de septiembre y hoy nos movemos hacia la operativización de la Cicies en El Salvador. Estamos hablando ya de misiones operativas”, indicó. La misión avanzará en aspectos administrativos y logísticos de operación, y se reunirá con diferentes instituciones para el fortalecimiento, capacitación y apoyo en la “investigación de los casos más complejos de corrupción”, agregó la titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, en conferencia de prensa posterior a la firma.
El pacto suscrito ayer, según el secretario de la OEA, incluye cuáles serán las inmunidades y privilegios con los que contará la misión de delegados de la Cicies, algo que les permita operar abiertamente en el terreno; sin embargo, no especificó cuáles serán las garantías.
La Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Macchi) –también apoyada por la OEA– “ha tenido centenares de personas investigadas, procesadas o sentenciadas en casos de corrupción”, ejemplificó.
PASARÁ POR ASAMBLEA
Al ser cuestionado por la falta de respaldo del órgano legislativo a la Cicies, el secretario de la OEA enfatizó que “lo que tenga que pasar por el congreso pasará por el congreso”, debido a que “es una obligación institucional de El Salvador y una obligación institucional para nosotros”.
El presidente de la República, Nayib Bukele, expresó durante la firma de la carta de intención de la Cicies que este organismo está circunscrito al Ejecutivo, por lo que su funcionamiento no depende de la Asamblea. La Constitución de la República establece que los tratados internacionales deben ser ratificados por el pleno legislativo.
Almagro consideró que “la Cicies, como la Maccih, nunca va a estar por encima del Estado de Derecho, ni de la normativa, ni de la Constitución de ningún país”, por lo que se centrará en las investigaciones que estén en “responsabilidad institucional” del Ejecutivo.
“Hay otras que tienen que ver con determinados niveles de judicialización de casos, para los cuales comenzaremos trabajos la semana que viene con la Fiscalía General y otras instituciones que vienen de transparencia en El Salvador”, explicó el representante.
El primer acuerdo suscrito con la OEA comprometió al Gobierno a cooperar “con la Cicies, su personal, consultores y contratistas en todo aquello que sea requerido para la ejecución óptima de su mandato”.
