Todos los recursos provienen del Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres (Fopromid) que, a pesar de tener solo $4 millones asignado para este año, fue reforzado a través de modificaciones presupuestarias de la Asamblea Legislativa, acuerdos del Ejecutivo y emisión de deuda de corto plazo.
Según Hacienda, las asignaciones de Fopromid ascienden a un total de $568.1 millones hasta abril pasado, de los cuales al menos $513,819,063 ya fueron transferidos a instituciones clave durante la crisis. ¿De dónde provienen estos fondos?
De deuda y préstamos
De acuerdo al presidente de la República, Nayib Bukele, el Gobierno no ha recibido “ni un centavo partido por la mitad” de los $3,000 millones que la Asamblea le autorizó al Ejecutivo en deuda pública.
“Somos el único país del mundo que no tiene financiamiento para el COVID. Sí, aprobaron $3,000 millones, pero de los $3,000 millones no nos han dado un solo centavo partido por la mitad”, aseguró hace una semana, en conferencia de prensa.
Los datos oficiales del Ministerio de Hacienda, reportes de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico (Fusades) y economistas confirman que los $3,000 millones no han ingresado a la Cuenta Única del Tesoro. Sin embargo, una parte de estos ya se gastaron “por adelantado”.
El Gobierno emitió Letras del Tesoro (Letes) –consideradas la “tarjeta de crédito” del Estado– por $400 millones, como parte de la deuda que autorizó la Asamblea Legislativa en la ley del presupuesto general de 2020.
La colocación de los instrumentos, sin embargo, estaba destinada a gastos corrientes como salarios, y no a imprevistos como la crisis sanitaria por el COVID-19.
Esta decisión “se adoptó como una estrategia financiera” para cubrir la caída en los ingresos de 2020 y para “atender con dichos recursos las diferentes necesidades que pudieran generarse en torno a la Emergencia Nacional”, como una especie de crédito puente hasta obtener los $3,000 millones.
A Fopromid llegaron también un préstamo de contingencia con la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (Jica) por $45.3 millones, operación aprobada por la Asamblea Legislativa; y otros $68.5 millones en transferencias del Fondo General.
El Ministerio de Hacienda no especifica qué instituciones estatales o rubros específicos sufrieron recortes para las reorientaciones que no han pasado por la aprobación del congreso. Con estos recursos, Hacienda ha logrado transferir $513.8 millones en razón de la emergencia sanitaria.
El Gobierno reconoce, además, que también prestó $483 millones a través de Certificados del Tesoro (Cetes) “para generar la liquidez necesaria para afrontar la emergencia”.
Esta deuda a corto plazo no necesita autorización de la Asamblea y pagará tasas de interés arriba del 9 % anual.
Financiamiento detenido
De los $3,000 millones autorizados, se han conseguido préstamos por $1,609 millones, pero el único ratificado hasta hoy es el de $389 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Diputados de Arena y FMLN han negado sus votos alegando falta de transparencia por parte del Gobierno.
El jefe de fracción de Arena, Carlos Reyes, aseguró que “mientras no se resuelva el tema de la transparencia, será muy difícil” aprobar la incorporación del primer crédito al presupuesto general. Reclama falta de información en la entrega del subsidio de $300, compra de insumos médicos y gastos logísticos.
La diputada del FMLN, Yanci Urbina, insiste en observaciones hechas a Hacienda: el Gobierno debe entregar un presupuesto extraordinario para los fondos de emergencia, una de las condiciones enlistadas en el artículo 11 del decreto 608, que autorizó la búsqueda de deuda por parte del Gobierno. “Si no quieren más atrasos, deberían entonces cumplir la ley”, agregó la diputada de la fracción efemelenista.
