“Estamos trabajando con el equipo económico un esfuerzo para poder dejar de utilizar el fideicomiso y encontrar fuentes alternativas de financiamiento mucho más baratas para el Estado, pero que liberen los fondos de pensiones y se pueda rentabilizar mejor”, manifestó Fuentes en el programa Diálogo con Ernesto López, del Canal 21.
El FOP obliga a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) prestar hasta 45% de los ahorros que custodian de los cotizantes para que el Gobierno obtenga dinero y pague las pensiones del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y del Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP). Se creó en 2006, luego que tanto el ISSS como el INPEP agotaran sus reservas técnicas.
Tras dos años de las últimas reformas al Sistema de Ahorro de Pensiones (SAP), de septiembre de 2017, en noviembre pasado la Asamblea Legislativa retomó el estudio para nuevos cambios con un paquete de 14 propuestas. Ese mismo mes, el presidente de la República, Nayib Bukele, se comprometió a que el Ejecutivo presentaría su propio anteproyecto.
Sin definir a cuáles fuentes de financiamiento recurriría el Gobierno, Fuentes aseguró que “sin duda alguna” una reforma de pensiones “tiene que llevar un punto social” pero debe valorarse “con buena letra” para no incrementar el gasto de pensiones en las finanzas públicas.
Ante las declaraciones de Hacienda, la Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensiones (Asafondos) reiteró “la importancia de la propiedad de los ahorros de los trabajadores”, así como garantizar mecanismos para lograr mayores rendimientos de los ahorros previsionales. “Como ya lo hemos señalado, en este tema siempre es fundamental preservar la sostenibilidad y que toda medida debe ser por tanto cuantificada e identificar las fuentes de financiamiento”, sumó.
Una baja rentabilidad
El Gobierno accede al ahorro de los fondos que administran las AFP través de los Certificados de Inversión Previsional (CIP), instrumentos de baja rentabilidad que se traducen en menores pensiones para los cotizantes del nuevo sistema. La reforma de 2017 supuso un cambio para incrementar de manera gradual la tasa de interés hasta llegar a 4 % en 2021, mientras que las nuevas emisiones tendrán un 6 %.
Estimaciones de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) indican que los fondos previsionales dejaron de recibir hasta $3,732 millones en los últimos 12 años, precisamente por la baja rentabilidad que paga el Gobierno por los CIP.
Fuentes matizó que “desaparecerlo (el FOP) no se puede porque ya tenemos una deuda con el fideicomiso, que estamos pagando en el tiempo, de los certificados anteriores”, situación que representa una carga para las finanzas públicas.
Cada año el Gobierno debe presupuestar el pago del fideicomiso del Sistema de Pensiones Pública (SPP). Para 2020, por ejemplo, Hacienda asignó $397.33 millones para honrar estos compromisos. En tanto, la deuda de pensiones mantiene una constante de crecimiento y acumuló en los últimos 14 años, desde que se creó el FOP, más de $5,264.76 millones.