El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que este año el Gobierno salvadoreño enfrentará $2,898 millones en necesidades de financiamiento, originadas por el déficit fiscal y el pago de la deuda pública.

A finales del mes pasado, el organismo publicó el informe final de la consulta del Artículo IV con El Salvador, una revisión que realiza periódicamente sobre el desempeño económico de sus países miembro.

En dicho informe, el FMI estima que para 2019 las necesidades de financiamiento ascenderán a $2,898 millones, de los cuales $913 millones corresponden al déficit fiscal, el cual aparece cuando los gastos del sector público son mayores que los ingresos.

La mayor parte de los requerimientos de financiamiento provienen de la amortización de la deuda pública. Según el FMI, el Gobierno necesita $1,985 millones para honrar sus compromisos financieros este año. En este momento se incluyen los $800 millones en Eurobonos que vencen en diciembre de este año, $320 millones que se deben a organismos multilaterales y bilaterales, así como $865 millones de deuda interna.

Dentro de la deuda interna, el Fondo cuenta $833 millones en Letras del Tesoro Público (Letes), deuda de corto plazo.



Brechas de financiamiento

Las proyecciones del FMI indican que las necesidades de financiamiento están cubiertas para este año: se obtendrían $1,782 millones en deuda externa y otros $1,116 millones en deuda interna.

No obstante, a partir de 2020 se registrarían necesidades de financiamiento sin una fuente de recurso identificada. El organismo estima que las del próximo año llegarían a $591 millones, de un total de $2,147 millones que se necesitan financiar.

Las brechas sin financiamiento identificado aumentarían a $844 millones en 2022 y llegarían a $949 millones en 2023. Para 2024 representarían $1,634 millones y en 2025 serían $1,037 millones.

Debido a las cuantiosas necesidades de financiamiento y el elevado nivel de la deuda pública, el FMI recomendó aplicar un ajuste fiscal de 1.9% entre 2019 y 2020.

Por el lado de los ingresos, sugiere avanzar en la implementación de la factura electrónica, introducir un sistema tributario simplificado para pequeños negocios y aplicar un impuesto especial para bienes de lujo. Además insiste en incrementar la tasa del impuesto al valor agregado (IVA), aunque esta vez el aumento es menor al de años anteriores. Ahora sugiere llevarla del vigente 13 % a14.5 %, ya no el 15 %.

Por el lado del gasto público, considera que el Gobierno puede contener el peso de los salarios públicos a través del congelamiento de plazas y facilitando la jubilación de algunos empleados. También contribuiría una pronta aprobación de la reforma a la ley del servicio civil.