El viernes pasado, la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) informó en un breve comunicado que el titular de la institución, Federico Anliker, junto al comisionado Rodríguez, firmaron un acuerdo con la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) para revisar los estudios existente del puerto de La Unión y evaluar en conjunto las oportunidades para reactivar la terminal, sin operar a su máximo potencial desde 2009.
Rodríguez confirmó este lunes que “la visión” del nuevo Ejecutivo es crear una red logística que integre los modelos económicos y de operaciones del puerto de La Unión, Corsain (ubicado en la Bahía de La Unión), el muelle de La Libertad y Acajutla, en Sonsonate.
“La idea es que contemplen todos los activos que tenemos en infraestructura logística marítima, ver cómo se ve en un todo y ver dónde metemos las potencialidades que tenemos”, acotó.
La estrategia del Ejecutivo evalúa triplicar la capacidad del astillero del puerto Corsain y establecer el servicio del ferry, conectado desde el Puerto de La Unión, en el Golfo de Fonseca, con el Puerto Caldera, en Costa Rica. Esta iniciativa tomó realce en el primer semestre de 2018 ante la crisis del bloque terrestre en Nicaragua, pero no se concretizó y, según Rodríguez, requiere un cambio en la infraestructura de ambas terminales para permitir el ingreso de las naves marítimas.
¿Qué pasó con la licitación?
CEPA lanzó en octubre de 2018 una consulta internacional para encontrar una empresa operadora del puerto de La Unión. Este proceso generó polémica después de que la Embajada de Estados Unidos advirtiera sobre falta de transparencia e incertidumbre, además del interés de la empresa china APX de arrendar terrenos en la terminal.
La anterior administración elaboró las bases de licitación, que nunca se hicieron publicas, y contó con la aprobación de la Autoridad Marítima Portuaria (AMP) y la Unidad Normativa Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (UNAC), dependencia del Ministerio de Hacienda.
En marzo pasado, la saliente administración informó que dejaría el proceso al nuevo Gobierno por falta de tiempo y porque el JICA tampoco entregó la no objeción para lanzar la licitación. La agencia japonesa financió $101.3 millones de los $180 millones que costó construir el puerto.
Rodríguez no descartó si el Ejecutivo seguirá ese proceso y afirmó que el estudio dará “la puerta” para los factores potenciales y de factibilidad. “Es una cuestión de mucho más diseño y temas puntuales que dirá el formato, el tipo de edificación o adecuaciones que hay que hacer”, comentó.
